[dropcap]T[/dropcap]radicionalmente los gobiernos promueven la adquisición de viviendas para los trabajadores de escasos recursos y en esa gestión se anuncian medidas como la liberalización de recursos del encaje legal para ofrecer créditos hipotecarios con bajas tasas de interés.
También se promueve el bono habitacional para facilitar una parte del inicial de la vivienda y hasta se han diseñado mecanismos para descontar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en los costos de los componentes de las viviendas.
Pero aún así, persiste la mayor dificultad: el limitado nivel salarial o de ingresos de los trabajadores. Esa limitación se combina con los precios de las viviendas, pues en el país se computa como “vivienda económica” aquella con un costo no mayor de 2 millones 400,000 pesos. Esa sería una pequeña vivienda y aun así se torna muy cara para el promedio de ingresos de los trabajadores dominicanos.
Para demostrar eso vamos a tomar un ejemplo considerando el mejor de los casos: una pareja de esposos con sus respectivos empleos. Ella gana 15,000 pesos mensuales y él un poco más, 20,000 pesos. Como pueden observar, ambos están por encima del salario mínimo.
Han ubicado un apartamento que cuesta 2 millones de pesos. Es decir, está por debajo del promedio del valor de una “vivienda económica”. También tuvieron la suerte de que el Gobierno les facilitara un bono equivalente al 10% del valor de la vivienda, para un total de 200,000 pesos.
Entonces, han logrado que el banco les preste hasta el 90% del valor de la vivienda, algo poco probable, pero asumamos que fue así. También asumamos que lograron la tasa más baja del mercado, la que promueven las autoridades monetarias con la liberación de dinero del encaje legal: 9% anual (el promedio del sector es 14%).
Todo esto indica que esa pareja necesitará un financiamiento de 1 millón 800,000 pesos, por un período no menor de 20 años de plazo para pagar.
Bajo esas condiciones (las mejores posibles en la actualidad), esa pareja tendría que pagar una cuota mensual mínima de 16,200 pesos. Eso es sin agregar la cuota por los seguros de vida y de vivienda que se les agrega al financiamiento, con lo que la mensualidad sube.
Pero quedémonos solo con la cuota mensual del préstamo. Sucede que para aprobarlo el banco exige que el nivel de ingresos del deudor o deudores en conjunto (en este caso la pareja) sea equivalente a por lo menos cuatro veces el monto de la cuota mensual, es decir, 16,200 x 4 = 64,800 pesos cada mes. La pareja de nuestro ejemplo apenas supera la mitad (35,000 pesos). Y eso que los dos ganan más del salario mínimo.
Pero no solo esa pareja estaría fuera de la calificación para esa vivienda, una de las más baratas del mercado, con la tasa más baja posible y asumiendo que le “regalaron” el inicial mínimo de 10% del valor. Generalmente los bancos exigen 20% mínimo.
Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) indican que de los casi 1 millón 900,000 trabajadores formales registrados en el país, solo el 20% devenga salarios por encima de los 25,000 pesos mensuales. El resto, es decir 80%, gana menos de eso monto.
Si asumiéramos que todo el que está por debajo de 25,000 pesos mensuales devenga ese monto, una pareja sumaría 50,000 pesos y aun así no calificaría para un préstamo de 1 millón 800,000 pesos con la mejor tasa y a largo plazo.
Lo peor es que la mayoría de los trabajadores incluidos en ese 80% no tiene salarios cercanos a los 25,000 pesos mensuales. Por el contrario, esos son los menos, ya que el 65% de los empleados formales del país devenga sueldos por debajo de los 15,000 pesos mensuales, por lo que en el mejor de los casos, una pareja de esposos no llegaría ni a los 30,000 pesos mensuales, lo que les hace imposible calificar para un préstamo de una “vivienda económica” de las que se ofrecen en el país. Esa es la triste realidad, por lo que es preciso hacer un poco más.
