[dropcap]E[/dropcap]l Gobierno hace cada año ajustes en el presupuesto de ingresos y gastos públicos que casi siempre implican aumentos en las partidas que asigna a las instituciones del Estado. Hay montos, incluso, que no se pueden evitar, porque son establecidos por ley. Sin embargo, todo se puede.
Un ejemplo es el que dimos la semana pasada, en donde el Gobierno, mediante una maniobra legal, bajó la asignación para la recapitalización del Banco Central de 1.4% a solo 0.7% del producto interno bruto (PIB).
Así hay otras maniobras legales como la de usar la mitad de los recursos que obtiene el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) por el 2% de los ingresos del sector que deberían usarse en proyectos de desarrollo de esa área. También la decisión legal de asignar menos del 10% de los ingresos fiscales a los ayuntamientos y el recorte constante que sufre la Suprema Corte de Justicia en su partida presupuestaria.
El problema es que el dinero que se recorta a sectores del área estatal no se ve. Se diluye en las operaciones propias del aparato burocrático del sector público.
Sin embargo, aunque es difícil, no es imposible ni inaplicable la puesta en práctica de una camisa de fuerza a las instituciones del Estado mediante el ahorro del gasto público en un 10% en un año determinado.
Imagínese este año. El Gobierno tiene previstos gastos por RD$624,407 millones, mientras que su estimación de ingresos es de RD$539,513.1 millones, para un déficit operativo estimado en RD$84,893.8 millones.
Suponga que el Gobierno diga: “Este año todas las instituciones deberán reducir sus asignaciones presupuestarias en un 10%”. Es probable que algunos funcionarios digan que eso es imposible, que no pueden hacer esos sacrificios y cualquier otro argumento. Pero como el Presidente es el Presidente, si da la orden, sencillamente se cumple.
El ahorro, señoras y señores, sería de RD$62,440.7 millones, por lo que el déficit estimado bajaría a solo RD$22,453 millones.
Pero agréguele a eso que el Gobierno decida mantener la misma estimación de déficit y que canalice los recursos del ahorro a una cuenta especial donde puede ver de forma tangible esos RD$62,440 millones de ahorro.
Al cierre del año mantendría el mismo déficit y podría decirle al pueblo que destinará esos recursos para la construcción de determinadas obras de infraestructura necesarias para el país como hospitales, puentes, carreteras o la propia planta de Punta Catalina, pues serían alrededor de US$1,317 millones a la tasa actual.
Sin embargo, todo esto que hemos planteado se puede definir como la acción de fantasear un poco, pues no existe la intención del Gobierno de aventurarse a semejante plan de ahorro y reducción del gasto público con poca burocracia.
Surgirían voces sobre la ilegalidad de una operación de esa naturaleza, sobre la posibilidad de que esa reducción de gastos implique retrasos del Gobierno en determinados compromisos, con lo que aumentaría su endeudamiento en algunas instituciones.
Con esos argumentos se pierde de vista que en la realidad, aunque no se diga, ni se admita ni se quiera creer, en todas las operaciones económicas de las instituciones del Estado se involucran, de manera directa o indirecta, comisiones que superan el 10%, por lo que al reducir el gasto en esa proporción no sería necesario afectar ninguno de los compromisos establecidos.
Lo que sí se sacrificarían serían las ganancias ocultas de una cantidad indeterminada de “servidores públicos” que tienen al Estado como una fuente de enriquecimiento o de negocios para los mismos fines.
Lo que estamos planteando era una práctica frecuente, aunque no idéntica, de Joaquín Balaguer en los 22 años que gobernó el país (1966-78 y 1986-96). En esa época había menos burocracia y procedimientos en la operatividad presupuestaria gubernamental, por lo que para el mandatario de entonces era menos complicado identificar recursos del propio Estado para ahorrarlos y luego administrarlos de forma discrecional.
Pero el hecho es que le resultaba tanto que el nivel de endeudamiento público fue mucho menor, el déficit estaba controlado y el dinero alcanzaba para construir todas las obras que dejó a su paso por la administración pública. Nada mal, ¿verdad?
