La Procuraduría General permite hace un año que los ciudadanos puedan solicitar online una Certificación de No Antecedentes Penales.
Es justo reconocer que el sistema funciona, aunque podría mejorar. Por ejemplo, haciendo que los ciudadanos que requieran el documento tampoco tengan que acudir de manera física a una oficina del Banco de Reservas, sino que puedan pagar el impuesto también online para obtener el código de acceder a la plataforma de la Procuraduría.
Parece un hecho insignificante, pero ahorra tiempo, dinero, taponamientos y malos ratos a miles de ciudadanos que requieren este servicio y que antes tenían que trasladarse a la Procuraduría (y antes peor, a la Policía Nacional).
La Certificación de No Antecedentes Penales que se obtiene a través de la web es, como explicó la Procuraduría en su momento, “un documento firmado digitalmente, que si alguien lo manipula pierde la firma”.
En la web de la Procuraduría los ciudadanos encuentran información sobre los impuestos para: legalizar documentos notariales (RD$700), legalizar documentos oficiales (RD$700), Certificación de No Antecedentes Penales (RD$600), certificaciones generales (RD$600) o solicitud de exequátur (RD$600), así como para incorporar, modificar o disolver una asociación sin fines de lucro (RD$2,500).
Debemos aprovechar esta ventaja que nos ofrece la Procuraduría gracias a la tecnología. Además, entidades como la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que reside en la Era Jurásica en materia de servicios online, deberían concentrar esfuerzos en facilitar la vida de los ciudadanos.
