[dropcap]E[/dropcap]l incalificable caso del vertedero de Duquesa, a juzgar por las múltiples causales o variables que dieron lugar a esta maraña, que con toda seguridad cae entre los más escabrosos de los últimos tiempos en República Dominicana, resulta un bochorno de marca mayor que asfixia la credibilidad de las instituciones del Estado. Se ha dicho mucho, se ha hecho poco.
No hay duda: Lajun Corporation es el reflejo de lo obvio.
El Estado no existe en sí; son sus instituciones, su Constitución y sus leyes, pero muy fundamentalmente su gente, empoderada como ciudadanos responsables y respetuosos, los que hacen que exista como persona jurídica en el mundo. La cultura, por sí sola, no hace a un país.
Estado, como interpretación conceptual, va mucho más allá de la teoría y las definiciones que históricamente le han dado los pensadores más ilustres. No puede verse sólo como la forma de organización política de un territorio dotado de soberanía sobre un área geográfica y su gente.
Si los dirigentes y líderes al frente de las instituciones del Estado no se respetan a sí mismos, sean estos elegidos o no por la voluntad soberana, llega el caos; se impone el desorden y predomina el irrespeto, o sea, la falta de autoridad.
Hay tantas cosas obvias alrededor de este caso, que ni la agotada capacidad de sorpresa de la opinión pública lo ha podido pasar por alto. De entre todas las obviedades hay dos que no hay forma de rebatirlas. Incluso, a estas alturas del caso no se comprende el silencio de algunos actores claves.
Entre lo obvio está la revelación de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, cuyas investigaciones realizadas en torno a la venta de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa, concluyeron que ese contrato no pasó por el Congreso Nacional. Esta irregularidad, sólo en cuanto a la propiedad, anula de hecho cualquier acción incoada por esa empresa en contra de los ayuntamientos que hoy padecen la presión de sus ciudadanos por el cúmulo de basura.
El presidente de la comisión, el diputado Héctor Féliz, entregó el informe a la Procuraduría General para que proceda. Según este legislador, los terrenos donde opera Lajun Corporation fueron vendidos en 2009 por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), durante la gestión de Enrique Martínez.
Sin embargo, y esto cae dentro de lo obvio y razonable para tomar una decisión, la actual administración en el CEA reveló que no han encontrado contratos entre esa institución y Lajun Corporation sobre la titulación de los terrenos donde opera el vertedero. El director Pedro César Mota Pacheco, según sus declaraciones, ha encontrado documentos viciados.
Lo peor en esta situación, caótica por demás, es que mientras los protagonistas de esta historia no se ponen de acuerdo y cada cual expone sus razones, la población de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional sufre las consecuencias de una operación que a toda la luz tiene algunas manchas que necesitan ser aclaradas. No se debe esperar a que ocurra una desgracia mayor.
El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, pidió al Estado tomar el control de la situación a través de los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública para emplazar a Lajun llevar la administración de Duquesa a la legalidad, y transformar su gestión ante las graves consecuencias de la situación actual.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió respuestas claras y directas a las interrogantes que han surgido en torno al conflicto. Sin embargo, una solución sería la creación de un patronato del Gran Santo Domingo que administre responsablemente este vertedero, lo haga ambientalmente sostenible y económicamente sustentable. ¿Por qué no? Cuando hay voluntad todo es posible.
¿Qué papel pudiera jugar la Liga Municipal Dominicana? Para justificar un poco su razón de ser, debería liderar un proceso de administración de este y otros vertederos.
