[dropcap]L[/dropcap]a emisión de acciones es aún el gran reto del mercado de valores dominicano. Es la aspiración de los que hoy están obligados a conformarse con transar títulos de deudas o bonos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de algunos emisores privados. No hay muchas opciones para escoger.
Hace un año que el presidente Danilo Medina emitió el decreto 119-16 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores 19-00, aprobado en diciembre de 2012. La razón fue ampliar la gama de instrumentos y valores de oferta pública que puedan ser transados en el mercado como alternativa de inversión.
Nada trascendental ha sucedido hasta esta fecha. Entre las motivaciones estuvieron promover y canalizar el ahorro a mediano y largo plazo, necesario para el financiamiento de proyectos de inversión en República Dominicana y, a la vez, dotar a los sectores público y privado de fuentes alternativas para desarrollar diversos proyectos.
CCI Puesto de Bolsa es la primera empresa dominicana dispuesta a transar hasta el 5% de sus acciones, pero lleva más de dos años en espera de una modificación de la Ley 19-00, proceso del que se habla hace más de tres años.
En diciembre de 2015, el superintendente de Valores, Gabriel Castro, consideró que la ley que rige este sector financiero “es incipiente y la nueva normativa sí le dará los dientes y el brazo poderoso para que la Superintendencia de Valores pueda actuar en ese mercado”.
El decreto 119-16 se refiere, además, a la necesidad de adecuar el marco regulatorio para que la figura del fideicomiso de oferta pública se ordene y adecúe en sus diferentes formas y aplicaciones, con el fin de que pueda desarrollarse efectivamente en el mercado dominicano.
Reglamento
El principal ejecutivo de Alpha Valores, José Yude Michelén, considera que antes de pensar en un mercado de renta variable en República Dominicana, es necesario que haya un reglamento que esté acorde con los estándares internacionales en esta materia.
Para Marcos Troncoso, de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), las acciones que tiene el Estado en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) podrían ser una buena opción para motivar el surgimiento del mercado de acciones en República Dominicana. Se pregunta qué hace el Estado con esos activos.
“Comenzaríamos con un proceso más sencillo y con empresas que algunas ya están en el mercado de valores y podríamos tener esa cultura de invertir en renta variable. Además, nos ayudaría a prepararnos para eventualmente llegar a transacciones de este tipo”, explica.
Acorde con esta posición está Yude Michelén, quien observa que Punta Catalina, como empresa de generación de electricidad, es un proyecto idóneo para realizar transacciones de renta variable o instrumentos de renta fija.
Respecto a la renta variable, explica que habría que tener una valoración de cuánto costó la infraestructura, poseer un contrato de PPA a 25 años que garantice la rentabilidad que dejan estos instrumentos en el mercado financiero internacional y sería necesario que tuviera una administración profesional y, sobre todo, experta en este tipo de activos o plantas.
“Si estas condiciones se dan el capital está mañana mismo para hacer esa inversión. Pero deben darse estas tres condiciones: el activo tiene que estar valorado a precio real, debe haber un PPA con precios internacionales que se puedan vender para obtener la rentabilidad y bajo una administración profesional o competente”, explica.
Posición oficial
En junio de 2016, el superintendente de Valores defendió la creación de incentivos fiscales que estimulen la emisión de acciones de parte del sector privado, por considerar que se lograría aumentar los niveles de transparencia, incrementar los tributos y desarrollar el mercado de capitales.
Hace un año que el funcionario mostró su esperanza de que el Congreso Nacional discuta la modificación de la Ley 19-00 del Mercado de Valores, en cuyo proceso se determinaría qué mecanismos servirán de estímulo con el fin de que las empresas se animen a ofrecer renta variable.
Según el funcionario, se trata de una nueva ley “bastante completa”, acogida a los 34 principios de la Organización Internacional de la Seguridad de las Comisiones (IOSCO) y acorde a las nuevas tendencias regulatorias.
