[dropcap]P[/dropcap]robablemente República Dominicana sea uno de los pocos países en que las autoridades recurren a la amenaza de que harán cumpir la ley, en vez de —simplemente— aplicarla.
Decimos esto a propósito de las reuniones de la Dirección General de Migración (DGM) con productores de banano de Montecristi, para “evaluar las condiciones de contratación de mano de obra extranjera”.
La entidad, dirigida por el general Máximo William Muñoz Delgado, advierte: “La DGM agrega que conforme a las disposiciones de la Ley General de Migración, No. 285-04, todo empleador, al proporcionar trabajo u ocupación o contratar a algún extranjero, deberá constatar su permanencia legal en el país y que el mismo se encuentre habilitado para trabajar, quedando en caso contrario obligado a pagar los gastos de deportación”.
Gran parte de la agropecuaria dominicana se apoya en mano de obra haitiana. Las autoridades deben garantizar que esos obreros estén disponibles por un asunto de productividad, pero sin desmedro de la aplicación de las leyes.
Los bananeros, agrupados en entidades como las asociaciones de Productores Bananeros de Exportación (Asexbam), de Bananeros de Montecristi, de la Línea Noroeste, Plantaciones del Norte y el Proyecto La Cruz de Manzanillo, deben colaborar con las autoridades en la regularización de sus trabajadores extranjeros.
Al final, un mayor control migratorio beneficia a todos. A migrantes, que pueden reclamar sus derechos con mayor garantía jurídica y a patronos que pueden exhibir buenas prácticas a los mercados a los que destinan sus productos.
