[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana es un Estado con un grado de madurez reconocido por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM).
Desde la Revolución de Abril, que buscaba restituir el orden constitucional, el país ha vivido en sosiego, a pesar de episodios políticos que han puesto en riesgo la estabilidad económica.
Hay dos referencias: las protestas o poblada de 1984 y la crisis política de 1994, en la que República Dominicana estuvo a punto de cometer un error que hubiese impedido el crecimiento económico experimentado durante esos años hasta la crisis financiera de 2003.
En todo el mundo hay un sinnúmero de ejemplos que pueden servir como referencia de la importancia que tiene la paz social en el desarrollo económico y humano de los pueblos. Venezuela es emblemático. Su realidad es amarga y todo se debe a la incertidumbre que genera su inestabilidad política, que a su vez se traduce en problemas de efectos directos en la economía.
Venezuela padece hoy la crisis económica y de confianza más profunda de su historia, índices de inflación insoportables, desabastecimiento de alimentos y productos de consumo básico, devaluación de su moneda, irrespeto a las instituciones del Estado y un caos que pone en riesgo no sólo la vida de las personas, sino la existencia misma de esa nación rica en recursos naturales.
A principios de este siglo, Argentina vivió en carne propio una crisis económica que aún tiene en sala de recuperación a algunos de sus índices macroeconómicos. Todo el mundo recuerda el famoso “corralito”, motivado por la iliquidez del sistema financiero que restringió la libre disposición del dinero en efectivo. Nadie podía ir a un banco a sacar sus ahorros. Este período duró casi un año. El término se volvió tan popular que fue asumido en el vocabulario financiero internacional.
Esta receta agria también la han recibido economías que hoy, en algunos casos más y en otros menos, han logrado superar esos capítulos amargos, tales como Ecuador, Perú, Brasil, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Gobernar un país en medio de precariedades y con una deuda social histórica, muchas veces heredada de la irresponsabilidad colectiva de quienes han administrado el Estado, resulta una tarea cuesta arriba. Es muy diferente cuando se está al frente de una sociedad cuyas instituciones funcionan independientemente del funcionario, del político, de quienes les corresponda estar como líderes.
República Dominicana debe fortalecer sus aspiraciones de alcanzar un desarrollo económico inclusivo, en el que no haya excusas para emprender y ser autosuficiente.
Los dominicanos, como ciudadanos responsables del porvenir de sus familias, están históricamente obligados a apostar por la paz. El Estado, a su vez, está constitucionalmente forzado a garantizar los derechos de todos los seres humanos que hacen vida económica en esta media isla.
Empresarios, Gobierno y población deben verse en el espejo de esas naciones que no han entendido, o lo han hecho tarde, los efectos negativos que tiene en la economía cualquier evento de inestabilidad política. Apostemos a la paz por sobre todas las cosas.
