Tras siete años de austeridad draconiana y tres paquetes de rescate, firmados por tres ejecutivos de tendencias ideológicas distintas, Grecia sigue siendo un país en quiebra y sus ciudadanos viven cada día más amenazados de caer en la pobreza.
Al firmar el primer programa de rescate del país, en mayo de 2010, el entonces primer ministro, el socialista Yorgos Papandreu, prometió que Grecia tardaría solo dos años en volver al crecimiento.
Era una mezcla de recortes draconianos del gasto público y de reformas estructurales que debían realizarse en tan solo unos meses (en otros países europeos reformas similares necesitaron años).
Siete años después el país aún lucha por salir de la recesión, y no solo ha perdido el 25% de su Producto Interior Bruto (PIB) sino que la deuda del Estado se ha disparado del 129.8% del PIB en 2009 al 180% en la actualidad.
Al desastre económico se ha añadido uno social: el desempleo pasó de un 9.8% a finales de 2009 a casi un 24%, el índice más alto de la Unión Europea, con tres cuartas partes de los desempleados en situación de paro crónico y sin ningún tipo de ayuda social.
Y las perspectivas para una reducción sustancial del desempleo no son buenas.
En 2014, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo preveía que el nivel de desempleo no bajaría al nivel anterior del estallido de la crisis antes de 2032.
Hace unos días, el responsable del Fondo Monetario Internacional para Europa, Poul Thomsen, estimó que esto no ocurrirá antes de 2038.
Incluso los que tienen un trabajo cobran en su mayoría salarios de miseria, frecuentemente con atrasos que pueden alcanzar los diez meses.
Más de la mitad de los trabajadores -según los datos facilitados por la Confederación Nacional de Trabajadores de Grecia- cobra menos de 800 euros al mes, a causa de la explosión de los contratos a tiempo parcial.
En las escuelas de los barrios populares más afectados por la pobreza y después de que algunos niños se desmayaran por malnutrición, reaparecieron en 2012 los comedores escolares -desaparecidos desde los años 60-.
Ahora unos 200,000 escolares en todo el país comen en los colegios, lo que, según estimaciones de los maestros, ha reducido el absentismo en un 30%.
Los jubilados han sufrido ya 12 tijeretazos en sus pensiones, lo que ha llevado a una reducción media de sus ingresos del 40%.
“Cada día acuden a las clínicas sociales más jubilados para recibir sus medicinas gratis, aunque tienen cobertura médica, porque no pueden afrontar el copago”, explica a Efe una doctora que trabaja como voluntaria en una clínica social.
Las clínicas sociales, creadas en la década del 2000 por activistas de izquierdas y organizaciones no gubernamentales para ofrecer atención médica a inmigrantes sin documentos, son cada vez más frecuentadas por griegos que se han quedado sin seguro médico, al pasar al paro.
El número de funcionarios y empleados públicos se ha reducido en un 18.1% (de unos 700,000 a menos de 600,000), y sus salarios se han reducido en un 37%.
La clase media, que constituía la mayoría de los contribuyentes del país antes del estallido de la crisis, se ha empobrecido: en 2016, el 60% de los contribuyentes declaró ingresos inferiores a los 12,000 euros anuales.
Centenares de miles de pymes -entre 250.000 y 300.000 según los cálculos de la Confederación Nacional de Comercio- han quebrado.
En el núcleo comercial de Atenas, una de cada cuatro tiendas echó hace tiempo el cerrojo.
Aún peor es la situación en los barrios populares de la periferia de la capital.
En medio de estas condiciones, Grecia consiguió, en 2016, un superávit primario del 3.9% del PIB, ocho veces más que lo previsto en el tercer programa de rescate, un resultado que se debe exclusivamente a medidas de austeridad y no a la bonanza económica, como debería ser en circunstancias normales.
Entre las instituciones acreedoras europeas se empieza a ver la necesidad de parar esta carrera.
“Tenemos que reconocer que Grecia está haciendo un enorme progreso y sería malo si insistimos en mayores recortes a las pensiones, porque en las democracias sociales todo esfuerzo tiene límites”.
Son palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una reciente entrevista con el portal económico Euro2day.
