[dropcap]C[/dropcap]ompetitividad, como concepto discutido en un sinnúmero de oportunidades y relacionado, por supuesto, con la capacidad de respuesta de los entes productivos ante los costos, integra a diversos protagonistas. La industria competitiva es un objetivo permanente, partiendo de las exigencias que imponen los nuevos parámetros del mercado.
La apertura comercial, afianzada a partir de la implementación del tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), supuso una nueva realidad para el sector privado dominicano como conglomerado de entes productivos, pero más especialmente para el Estado como facilitador y/o promotor de las condiciones idóneas que permitan al capital invertir rodeado de confianza.
La fortaleza de las instituciones, en este contexto, juega un papel preponderante para alcanzar las metas de ser un mercado atractivo para las inversiones. El Estado está obligado a ser el garante del espacio productivo. Las entidades públicas encargadas de hacer cumplir leyes vitales para la competitividad y la competencia no deben titubear en su rol ante aquellos que están llamados a producir con calidad y rentabilidad. Un sector privado fuerte es garantía de más y mejores empleos.
¿A qué viene el introito? Para la existencia de una industria local fuerte y competitiva es fundamental la agilización en la expedición de nuevos registros, renovaciones de registros y correcciones de registros sanitarios de productos alimenticios. Los hechos indican que hay debilidades muy pronunciadas en este aspecto.
La Asociación de Industrias (AIRD), que se refiere al tema en esta edición, recuerda un estudio de abril de este año que reflejó niveles preocupantes de retrasos en los procesos, afectando el desempeño del sector productivo.
Respecto a la industria farmacéutica, tomando como muestra los expedientes depositados en el período 2015-2016, los resultados fueron alarmantes. Entre los hallazgos estuvieron: Las solicitudes de nuevos registros sanitarios tenían 62 días de retrasos (es decir, en total: 152 días promedio); los expedientes de actualización de registros sanitarios mostraban 60 días de retrasos, y los expedientes de renovación de registros sanitarios tenían un promedio de 237 días hábiles depositados, para un promedio de 147 días de retrasos.
Es obvio que con esta realidad es imposible ser competitivo con producción local, lo que al mismo tiempo aprovechan multinacionales que producen en otros países para entrar y desplazar al capital criollo. Esto, evidentemente, afecta no sólo los empleos en el país, sino también la exportación y generación de divisas.
Según la AIRD, otra dificultad que muestra el estudio es cuando a algunas marcas se les requiere de nuevo que soliciten un Certificado de Registro Sanitario sólo por haber realizado un cambio en el diseño de etiqueta por la inclusión de marcas, sin que estas empresas hayan variado la naturaleza, contenido nutricional, ingredientes, componentes ni la fórmula utilizada en la elaboración de sus productos.
O las reglas no se están aplicando adecuadamente o hay una dejadez interesada de parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Y es bueno repetir: la competitividad es un concepto que incluye a todos los actores, pues es como una cadena combinada de variables que dependen una de la otra.
Las leyes son claras y están ahí sin tener que interpretarlas más allá de su contenido. La protección de los derechos y la salud de los consumidores es un deber, una obligación que las industrias tratan de cumplir incluso, en muchos casos, más allá de los parámetros de la Ley.
¿Cuál es la obligación de las autoridades? Cumplir y hacer cumplir las leyes para facilitar un ambiente competitivo en todos los órdenes. Apostemos.
