[dropcap]E[/dropcap]l informe con el balance reciente del comportamiento de la economía dominicana que presentó el Intec durante la semana recién pasada, ha generado un debate interesante en todos los medios de comunicación del país, particularmente en lo referente a la deuda pública; y no era para menos.
En efecto, los datos de la deuda, si se miran y analizan con cabeza fría, son aterradores, aunque para determinados sectores gubernamentales la situación aún es manejable y no representa peligro. Pero el problema no es qué tan manejable sea la deuda, sino cuánto representa de todos los ingresos del Gobierno, en qué medida está creciendo, y qué se está haciendo para variar la tendencia.
La apreciación de que la deuda pública dominicana se acerca al umbral de riesgo no es alarmista ni exagerada, sino un llamado de atención a las autoridades gubernamentales con relación a una situación que, obviamente, estas conocen, pero que la población no está tan clara de lo que esto representa.
Por ejemplo, el incremento de la deuda en 2,500 millones de dólares durante el 2016, elevando lo que esta constituye del producto interno bruto hasta un 38%, y con expectativas de elevarse para el 2017, es algo que debe mover a preocupación.
Así también, el dato de que sumadas la deuda del Gobierno más la deuda del Banco Central de RD$430,000 millones representará dentro de poco alrededor del 50% del PIB es preocupante, lo que se agrava cuando se sabe que cerca del 23% de los ingresos tributarios se reserva para el pago del servicio de la deuda.
El punto aquí es que el déficit fiscal no baja, mientras que al déficit cuasi fiscal del Banco Central no se le encuentra una salida; entonces, estamos entrampados. Y aquí viene el Pacto Fiscal como la salida ideal para resolver la ecuación.
Pero este pacto no debe ser un acuerdo más para reformar de un solo lado, es decir, de la parte de los impuestos, sino que tiene que visualizarse de una forma integral, ingresos y gastos incluidos.
En este caso, se advierte sobre la necesidad de no aumentar los impuestos, sino de eficientizar las recaudaciones, perseguir la evasión y poner controles a la elusión fiscal. Del otro lado, se precisa de un sistema tributario progresivo, en donde los que ganan mayores ingresos pagan más, así como de una ley de responsabilidad fiscal la cual establezca medidas drásticas para los evasores. Obviamente, un gasto público de calidad y cero corrupción es una variable imprescindible del rompecabezas.
