[dropcap]A[/dropcap] propósito del proceso que se desarrolla en el Congreso Nacional sobre el conocimiento de una propuesta legal que busca aplicar un impuesto adicional a las telecomunicaciones para el sustento económico del Servicio Nacional de Emergencias 9-1-1, han surgido diversas opiniones sobre las que no pretendemos entrar en detalles.
La propuesta ha sido criticada por diversos sectores. Y no es para menos, pues los usuarios de las telecomunicaciones en este país pagan impuestos equivalentes al 30% del consumo en cualquiera de esos servicios. Sin embargo, como el motivo planteado es el de subsidiar un servicio tan positivo e importante como el 9-1-1, la propuesta no suena tan mal en los oídos de algunos sectores, especialmente del Gobierno.
Pero no vamos a enfocarnos en la factibilidad o no de esta nueva propuesta legal. Más bien, lo que nos preocupa es el hecho de que, positivas o no, las normativas legales que crean impuestos especializados casi siempre son violentadas o alteradas por el propio Gobierno que está llamado a cumplirlas y, al final, termina usando los recursos generados para otros fines.
Un ejemplo de ello está en el propio sector de las telecomunicaciones, donde se carga a los consumidores un impuesto de 2%, supuestamente, para el desarrollo de las telecomunicaciones. Pero resulta que desde hace varios años, la mitad de los recursos que genera ese impuesto (alrededor de RD$700 millones) está siendo usada por el Gobierno como partida presupuestaria para otros fines distintos al objetivo que le dio origen.
Otro ejemplo de violación a leyes de impuestos con destinos especializados es el de los RD$2.00 que se cargan a los consumidores por cada galón de gasolina y gasoil consumido. Ese gravamen, adicional a los impuestos que pesan sobre los combustibles, se aplica desde 2013 como parte de la Ley 253-12 de reforma fiscal promovida por el Gobierno tras el ascenso al poder del presidente Danilo Medina.
Ese gravamen sería destinado a la renovación del parque vehicular del transporte público y al desarrollo vial, pero esta es la fecha en que el Ministerio de la Presidencia, encargado de su coordinación, no ha dicho cuál ha sido el destino de los más de RD$1,150 millones anuales que genera. Sólo sabemos que no se están invirtiendo en las áreas comprometidas por la ley.
Hay más ejemplos. La Ley de Recapitalización del Banco Central establece que cada año el Gobierno debe pasar a esa institución el equivalente a más del 1% del producto interno bruto (PIB), hasta llegar al 1.4%, para cubrir el déficit cuasi fiscal.
Sin embargo, desde hace más de cuatro años el Gobierno decidió, mediante una maniobra legal, fijar y reducir a sólo 0.7% del PIB la partida para la Recapitalización del Banco Central, por lo cual se queda con la mitad de esos fondos para destinarlos a otros gastos presupuestarios. Ese 0.7% del PIB dejado de entregar al Banco Central equivale a alrededor de RD$18,000 millones anuales.
Como pueden apreciar, distinguidos lectores, el problema no es tanto que se pretenda aplicar un nuevo impuesto especializado a algún sector de la economía, en este caso a las telecomunicaciones por medio de las llamadas desde el exterior. No. El problema es que el Gobierno que promueve esas leyes de impuestos especializados es el mismo que luego se encarga de violentar la normativa para destinar los recursos a otras áreas distintas a la originalmente propuesta y comprometida.
Esa debilidad institucional es lo que daña la operatividad efectiva del Estado dominicano. El hecho de que los ciudadanos no tenemos ninguna garantía de que los compromisos establecidos por ley no vayan a ser violentados por el propio Estado, sin que el propio Estado haga nada para evitarlo, sino que, por el contrario, el propio Estado es su principal motivador.
Ese jueguito gubernamental está creando cada vez más indignación en una parte de la población que no desea más violaciones de la institucionalidad del Estado de parte de la propia institucionalidad del Estado.
Nuestros líderes políticos deberían tomar eso en cuenta.
