[dropcap]L[/dropcap]os Estados, además de una Constitución y las leyes que los ordenan, necesitan impuestos para operar y, por supuesto, suplir los servicios y obras de infraestructuras que sus ciudadanos demandan. República Dominicana ha demostrado ser ineficiente en el gasto público. Los números están a la vista de todos.
¿Cómo se explica? Lo primero es que los políticos que han tenido bajo su responsabilidad la administración del Estado han perdido la visión de lo que es gobernar para el desarrollo inclusivo. Priman los intereses particulares de quienes llegan a un puesto público sobre las políticas que traen bienestar social.
La historia ha sido la misma en los años de “democracia” que hemos vivido los dominicanos. Crecemos, producimos más como país, pero no se refleja en la gente.
¿Cómo justificar un nuevo impuesto al sector de las telecomunicaciones que de por sí ya cargan con más tributos que cualquier otro sector de la economía dominicana? Resulta contraproducente que un servicio tan vital para el desarrollo de los pueblos, como son las tecnologías de la información y la comunicación, reciban tantos golpes impositivos. Hay que tener cuidado en no matar la gallina de los huevos de oro.
El 9-1-1 es, sin quizá, una de las iniciativas estatales más importantes de los últimos años. La población ha apoyado en todas sus partes su implementación y ampliación para que llegue, por lo menos en una primera etapa, a las principales provincias. Sin embargo, apoyarse en su alta aceptación y aprobación para justificar un nuevo impuesto es un error que podría costar caro a las finanzas públicas.
Quienes elaboraron el proyecto deben entender que el tráfico de minutos ha ido bajando de forma vertiginosa en los últimos años, especialmente porque los usuarios migran a soluciones más económicas. El internet abre muchas posibilidades.
Más que un abuso y una falta de tacto, colocar un nuevo tributo al sector de las telecomunicaciones es una imprudencia.
