[dropcap]L[/dropcap]o planteamos en otro editorial: Si todo va bien, ¿por qué más impuestos? El Gobierno, como administrador del Estado, necesita ingresos para cumplir con las tareas inherentes a sus responsabilidades. Pero ojo: todo debe darse en un marco de planificación y respeto a las instituciones.
Las improvisaciones sólo alejan las inversiones. Nadie invierte para navegar en la incertidumbre. Cambiar el esquema tributario medalaganariamente es una demostración de la incapacidad dañina propia del subdesarrollo.
El crecimiento económico que ha experimentado República Dominicana es innegable. Sin embargo, eso no es todo. La expansión del producto interno bruto (PIB) debe darse sobre bases sólidas, siempre apoyadas en la producción interna. El sector privado, como tal, está llamado a generar oportunidades, crear empleos y producir bienes exportables que, por supuesto, generarán las divisas tan necesarias para el correcto funcionamiento de la economía.
El sistema tributario dominicano, un esquema que ha sido definido como complicado y difícil de administrar, tanto para el Estado como para las empresas, necesita una revisión profunda. Las leyes tributarias, con énfasis en el Código Tributario, necesitan de una profilaxis, pues con los años se han vuelto inmanejables.
Un ejemplo de improvisación al más alto nivel es el impuesto del US$0.02 y US$0.0025 que se pretende aplicar al tráfico de llamadas y mensajes internacionales entrantes. La propuesta es descabellada y no tiene asidero. Las telefónicas han dado su parecer y todo indica que no se quedarán tranquilas.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) tiene una visión bien definida al respecto. Su posición gira en torno a que toda reforma por parte del Estado tendente a identificar nuevas fuentes de financiamiento de proyectos que imponga cualquier tipo de tributo debe evaluarse en el marco de un pacto fiscal.
Su posición, dicho sea de paso, es en rechazo al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, que busca establecer un tributo sobre las llamadas de voz y a cada mini mensaje de texto SMS entrantes al país para financiar el 9-1-1. La entidad empresarial entiende que esos fondos pueden identificarse fuera de un “parche fiscal” y así fortalecer este importante proyecto para la seguridad ciudadana.
En esta edición se plantea, un reportaje sobre las bancas de lotería y la cantidad de recursos que pueden recaudarse sólo con aplicar la Ley 139-11. Para el gremio empresarial es de alta preocupación cualquier propuesta recaudatoria que se limite a la creación de nuevos tributos, pues buscan aumentar la carga impositiva de manera distorsionante a ciertos sectores en términos de eficiencia y equidad.
“El Estado debe abocarse a la discusión de un pacto fiscal integral que disponga la visión país sobre el desarrollo económico esperado y la dinamización de los sectores que deberían ser fomentados por su retribución a la economía y capacidad de generar empleos de calidad, donde se revisen tanto los gastos como los ingresos para el financiamiento de proyectos y políticas públicas”, expresó Rault Grullón, presidente de ANJE. Y así lo esperamos.
