[dropcap]U[/dropcap]no de los problemas que sufren la mayoría de los latinoamericanos pobres, y particularmente los dominicanos, es la incertidumbre que existe con la vejez, pues ser viejo y pobre en estos países es casi una mala palabra. Partiendo de esta realidad, casi todos los gobiernos de América Latina han impulsado reformas en sus sistemas de pensiones y jubilaciones, de forma que los trabajadores puedan tener, hacia futuro, mejores condiciones de vida durante su retiro laboral.
El entramado del sistema de fondos de pensiones, sin embargo, parece a veces ininteligible para los trabajadores, un reto para los gobiernos, y un buen negocio para las AFP y sus intermediarios financieros vinculados.
En el caso de República Dominicana, la Ley 87-01 crea un Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, en donde los trabajadores aportan regularmente un porcentaje de sus salarios, monto que va a una AFP, que gestiona estos recursos y trata de garantizar una determinada rentabilidad que permita, por un lado, la devolución de los aportes del trabajador cuando este haya cotizado 360 meses de forma ininterrumpida y cumplido los 60 años de edad y, por otro lado, obtener una ganancia para los inversionistas.
De su lado, el Gobierno tiene la obligación de auditarlas vía la Sipen, a fin de que gestionen adecuadamente el dinero puesto bajo su custodia. En función de la ley, la Sipen puede aplicar sanciones a aquellas AFP que no cumplan con los reglamentos, siendo estas un mecanismo de control del buen uso de los recursos de un sistema que ya acumula más de RD$450,000 millones, algo cercano a un 13% del PIB.
De su lado, los inversionistas de las AFP descubrieron uno de los mejores negocios que existe en un mercado financiero, y es administrar ahorros de trabajadores con un costo de captación bajo, niveles de rentabilidad altos y estables, y contar con un regulador que, en todo caso, se convierte en un aliado. De esta manera se tiene una rentabilidad nominal promedio de de 12.5%, nada malo para un mercado estable, y una renta, descontada la inflación, de alrededor de un 5%.
Parecería un sistema perfecto a no ser por las preguntas que se tejen: ¿Qué pasaría si los trabajadores dejaran de cotizar? ¿Es suficientemente fuerte la supervisión para evitar la quiebra de una AFP? ¿Cómo garantizar mayores beneficios para los trabajadores? ¿Están siendo utilizados estos fondos para impulsar el crecimiento de la economía?
