Cuando Danilo Medina asumió la Presidencia de la República anunció que dará paso al mandato de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en el sentido de que el Gobierno ha de promover la firma de tres pactos (Fiscal, Educativo y Eléctrico) para definir las pautas a seguir en la mejora de esos sectores y en su constitución como bases para el progreso del país.
Pero muchos sectores se sorprendieron de que inicialmente el Gobierno procuró que el primer pacto a firmar sea el Educativo, cuando se supone que tanto ese sector como el Eléctrico dependen en gran medida de la forma en que estén dispuestos los recursos económicos que se requieren para el buen funcionamiento del Estado. Por tal razón, se supone que el primer pacto a firmar debió ser el Fiscal.
Pero no fue así. El primer pacto al que se comprometerá el Gobierno es el de Educación, luego seguirá el Pacto Eléctrico y el final será el Pacto Fiscal.
No hay dudas de que el Gobierno ha dado prioridad a la educación como base fundamental de su gestión, pero cuando se toma en cuenta el hecho de que solamente para ese sector se está destinando el 4% del producto interno bruto (PIB) y que la presión tributaria del país (los ingresos que recauda el gobierno como porcentaje del PIB) es apenas poco más del 14% del PIB, se puede llegar a la conclusión de que lo que le queda para cubrir los gastos del Estado es insuficiente y por eso cada año es preciso buscar préstamos para cubrir un déficit fiscal que aunque ha bajado, sigue siendo muy elevado.
Lo mismo ocurre con el sector eléctrico. El Gobierno destina cada año más de 1,000 millones de dólares para cubrir el déficit operativo de ese sector, lo que le obliga a buscar financiamientos para cubrirlo parcialmente mientras carece de recursos para hacer inversiones necesarias que contribuyan a incrementar la gestión de cobro de las distribuidoras y a bajar los costos de generación.
Para esos dos importantes sectores económicos y sociales es preciso diseñar un esquema tributario integral enfocado tanto en las fuentes de ingreso como del gasto, que haga más eficiente la administración del Estado, lo cual ha de lograrse con un Pacto Fiscal al que debe llegarse mediante el consenso.
Sin embargo, el gobierno de Medina decidió manejarse con los recursos extras que le ha de representar la reforma fiscal que hizo aprobar a su llegada al poder y que entró en vigencia en enero de 2013.
Lo que ocurre es que el presidente Medina no quiere volver a hablarle de impuestos a la población. Y así lo hizo saber de manera específica el pasado lunes 3 de marzo el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
El funcionario señaló que en lo que queda de la presente gestión “no habrá más reforma fiscal”. Cuando se le preguntó entonces sobre el Pacto Fiscal aseguró que el Gobierno de Medina convocará a su discusión y lo firmará antes de terminar su gestión, pero que su puesta en ejecución será tarea de un próximo gobernante.
Ya lo sabemos por qué el Pacto Fiscal será el último. Y es bueno anotarlo para que no haya olvido. Tendremos Pacto Educativo y Pacto Eléctrico, pero el Pacto Fiscal se dejará para el 2016.
Esperemos…
