[dropcap]L[/dropcap]o que sucede con la empresa Lajun, que administra el botadero de basura de Duquesa, y los ayuntamientos de la capital y la provincia Santo Domingo, es digno de análisis profundos y permanentes. O quizá no; lo que demanda este caso es una acción contundente de parte del Estado como garante de la salud de los dominicanos.
Mucho se ha dicho y poco se ha hecho. El 19 de agosto sería el último día que esa empresa estaría al frente de este vertedero, según lo anunció el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con el cual la empresa tiene un acuerdo. No se sabe quién advierte a quién.
Mientras el cuento sigue y sigue, los ciudadanos esperan de las autoridades una decisión. Lajun se queja de que no ha recibido ingresos durante tres meses de parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
República Dominicana debe garantizar el derecho a la libre empresa, pero también es menester reconocer que el contrato de operación se ha cumplido tal cual fue pactado.
