Las autoridades encargadas de la recaudación de ingresos para el Estado, es decir, las que operan bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda, hacen gestiones para reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia recaudatoria y aumentar los ingresos, sin la necesidad de una reforma fiscal o del llamado “Pacto Fiscal” que está pendiente.
Una de las posibles fuentes a considerar para mejorar los ingresos es la revisión de los llamados “gastos tributarios” del Gobierno, que son las exenciones fiscales que el Estado les concede a empresas y personas y que este año se estiman en RD$231,125.6 millones.
En nuestra entrega anterior decíamos que de acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 47.1% (RD$108,944.4 millones) de las exenciones fiscales corresponde al ITBIS, por lo que quitarlas implicaría afectar directamente a los consumidores, no a los sectores empresariales.
Por tanto, lo ideal es que la revisión de las exenciones se haga en el restante 52.9% (RD$122.181.2 millones), que se concede principalmente a sectores empresariales.
En esa parte hay mucho por donde cortar, sin afectar directamente a ninguno de los sectores empresariales beneficiados. Esto así, porque las exenciones fiscales tienen plazos límites establecidos, además de que su aplicación tiene como condición el cumplimiento o alcance de metas que, si no se cumplen, sólo hay que quitar la exención; y eso no se puede ver como una afección al sector previamente beneficiado, porque se le quitaría por no cumplir con lo pactado.
Ahora bien, ¿quién es el responsable de que las exenciones fiscales a empresas no alcancen los objetivos deseados o de que ciertas empresas los desvíen? Obviamente que el propio Estado, es decir, el Gobierno.
Esto es así, porque la función reguladora y de seguimiento, así como la aplicación efectiva del régimen de consecuencias debe ser del Estado.
Veamos algunos ejemplos: el sector zonas francas es uno de los más beneficiados de las exenciones fiscales. Con frecuencia vemos al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) anunciar la aprobación de nuevas empresas que van a invertir X cantidad de dólares, que van a generar X cantidad de divisas en exportación y que van a generar X cantidad de empleos directos.
Pasan los años y nunca hemos visto al CNZFE ofrecer algún informe sobre el resultado de ese anuncio, si se produjo la inversión prometida, si se están exportando los montos ofrecidos y si se crearon los empleos nuevos prometidos. Entonces, por esa falta de regulación, no se sabe a ciencia cierta si las exenciones ofrecidas a ese “inversionista” han dado el resultado deseado.
Tampoco hay supervisión ni control sobre inversionistas que tienen empresas de zonas francas y a la vez tienen otras empresas, entonces cada vez que importan bienes o contratan servicios para su empresa regular, lo hacen a través de la de zonas francas y terminan aprovechando para todas sus empresas las exenciones que se supone deben ir a una sola de ellas.
Otro ejemplo es el sector turismo, donde vemos constantemente “nuevas” inversiones en “nuevos” hoteles, pero muchas veces se trata de maniobras aplicadas cuando vence el período de exención y hacen un nuevo anuncio sobre un mismo establecimiento hotelero para que la exención se renueve, pero resulta que no hay un nuevo hotel, sino un propietario que vendió el mismo establecimiento y que será remozado, pero se anuncia como nueva inversión y se obtienen nuevas exenciones. Muchas veces la venta se produce de un propietario a otro vinculado. Sin embargo, ninguna autoridad se encarga de verificar, regular y dar seguimiento a ese tipo de procesos.
Otro ejemplo es el de las exenciones de combustibles para la generación eléctrica y producción de maquinarias de ciertas industrias o empresas. El asunto es que no se conocen informes de auditorías a la cantidad exacta de combustible exonerado que reciben ciertas empresas ni a la comprobación de que ciertamente sea esa la cantidad que requieren o si reciben más de lo debido y desvían una parte al comercio en el mercado negro.
Esas son solo algunas de las áreas en las que el Estado destina miles de millones de pesos en exenciones a sectores empresariales sin la debida regulación.
