La actualización de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo genera nuevos retos para la banca y el sector no financiero regulado, a juicio de César Novo y Carlos Trujillo, ejecutivos de la firma internacional EY.
Novo destaca que las entidades de intermediación financiera han establecido procesos para fortalecer sus prácticas en la evasión de impuestos, sin embargo, el sector no financiero regulado deberá analizar el posible impacto debido a los nuevos montos de transacciones en efectivo.
Asimismo, Trujillo aclaró que el cibercrimen y el lavado de activos se interconectan cuando el delito busca resultados económicos tangibles mediante el blanqueo de capitales.
“El nuevo marco regulatorio plantea retos para la Dirección General de Impuestos Internos, por ser el órgano regulador de las entidades no financieras, debido a la incorporación de la evasión fiscal como delito referente a lavado de activos”, ponderó Novo.
El directivo, al hablar durante la conferencia “Ciberseguridad y Lavado de Activos”, organizada por la firma internacional de consultoría EY, consideró que la ciudadanía debe estar alerta ante los cambios y ofrecer las informaciones requeridas por las autoridades competentes sobre posibles operaciones sospechosas.
Novo recordó que el monto establecido para las sanciones muy graves va desde dos a cuatro millones de pesos, y las penas se han incrementado de cinco a veinte años de cárcel. Además, consideró que la ciudadanía debe saber que el lavado es un mal que introduce activos ilícitos al sistema financiero usado para el terrorismo y la trata de personas.
Sobre el impacto de la nueva ley, Novo dijo que República Dominicana se pone a tono con los organismos internacionales del sector, y tendrá como reto para su cumplimiento que los empresarios entiendan su responsabilidad.
“Habrá un cambio en la forma de hacer negocios, porque antes de la promulgación las personas hacían compras sin ningún tipo de control, pero ahora el empresario debe conocer de dónde se traen los activos”, dijo Novo.
El directivo de EY, ponderó que la ciberseguridad plantea desafíos para la prevención de lavado de activos, a través de los programas adecuados para almacenar la información de la banca.
“Para garantizar la protección de los datos, el país debe tener un marco regulatorio sobre la ciberseguridad, pues para hacer una adecuada prevención de lavado se necesita información de calidad”, afirma Novo.
Ciberseguridad
Trujillo, ejecutivo de EY, fue otro de los expositores que se refirió a los principales retos de la ciberseguridad al ponderar que entender a las personas es más desafiante que la tecnología.
“La tecnología ha avanzado en la forma de defenderse de los ciberataques, pero el eslabón más débil de toda la cadena es la concientización del público en general”, dijo.
Trujillo explicó que hay un mal uso de las redes, y a nivel empresarial la inversión en infraestructura es buena, pero hay carencia en cuanto a educación de los empleados.
Trujillo consideró que en la actualidad se puede hacer blanqueo a través de las criptomonedas (dinero virtual).
“Se puede obtener dinero mal habido y luego comprar bitcóins o cualquier otro tipo de moneda, lo que al final se convierte en dinero líquido”, ponderó Trujillo.
El bitcóin y su legalidad
Los ejecutivos de EY consideran casi imposible que los países logren controlar el dinero virtual, debido a que, por un lado es intangible, y por otro, su concepto principal es que nadie pueda ejercer su dominio. Sin embargo, puntualizó que su uso final determinará su legalidad.
En una ocasión entrevistada por elDinero, la consultora juridíca del Banco Central, Olga Morel, señaló que el uso del bitcóin en el país es legal, debido a que no contraviene en términos generales a cualquier tipo de negociación. Sin embargo, aclaró que no está amparado por la Constitución ni la legislación monetaria y financiera.
Explicó que cualquier operación realizada con esta criptomoneda no está amparada por el BC, y que aquellos que la utilizan son arriegadas por ser una moneda volátil.
Según la página Lamassu, entidad que fabrica los cajeros de bitcóin, en la actualidad registra 103 en Canadá, 94 en Estados Unidos, cinco en el República Dominicana y tres en Panamá.
Sobre estos aparatos, el Banco Central sostiene que se debe tener claro que estos cajeros de bitcóin son “un peligro” debido a que la gente los asocia como parte del sistema financiero y no lo son.
