Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son los cuatro países de la región de Centroamérica que tienen mejores condiciones en sus finanzas públicas, en términos de sostenibilidad.
Así lo asegura el Consejo Monetario Centroamericano en su documento Notas Económicas Regionales, y afirma que los déficits primarios de esas cuatro naciones están más alineados a los déficits primarios que estabilizan el saldo de la deuda pública en el mediano plazo.
La entidad explica que la brecha r-g (diferencia que existe entre la tasa de interés real de la deuda y el crecimiento económico) de República Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua es negativa, lo que indica una mayor probabilidad de mantener su deuda/PIB (producto interno bruto) en una senda constante a través del tiempo.
De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público, la deuda dominicana al pasado mes de octubre era de US$39,330 millones, mientras que el PIB nominal de US$73,771.9 millones.
En cambio, El Salvador, a pesar de presentar un balance primario cercano al estabilizador, su brecha r-g indica menor probabilidad de mantener una trayectoria estable de la deuda/PIB.
El documento agrega que ese país presenta otra amenaza, en cuanto a la sostenibilidad fiscal, y es el reconocimiento de la deuda a las Agencias de los Fondos de Pensión. Detalla que debido al diseño presupuestario 2017, se ha dificultado honrar los pagos a estas agencias, debido a que el proceso ha necesitado de la participación de la Asamblea Legislativa y de los acuerdos dentro de la misma para autorizar estos pagos.
Según el Consejo Monetario Centroamericano el gasto corriente-capital pasó de 77%-23% entre el 2006-2008 a 82%-18% entre 2010-2016, “esto a pesar que la región no se encuentra entre los primeros 50 puestos como países con infraestructura (pública) más competitiva”.
Asimismo, advierte que la situación más riesgosa en la región la presenta Costa Rica, cuyo resultado primario está significativamente desalineado respecto al balance estabilizador de la deuda/PIB.
Asimismo, sostiene que es poco viable que el país alcance una senda estable para la deuda pública en el mediano plazo. Según estas estimaciones, el Gobierno costarricense requeriría un ajuste aproximado de 3% del PIB para mejorar su situación fiscal actual, teniendo en cuenta sus respectivas rigideces en el gasto público.
