Para este 2018 la Suprema Corte de Justicia demandó al Ejecutivo asignar al Poder Judicial un presupuesto de RD$14,000 millones, que entiende le corresponden por ley, pero solo recibirá RD$7,422.2 millones, un 53% de lo reclamado, una asignación que seguirá igual hasta 2021 según las proyecciones del Gobierno.
El presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía, se quejó de que jueces y tribunales operan con limitaciones de recursos. En respuesta, la gestión de Danilo Medina resaltó un aumento sistemático en las partidas anuales y atribuyó a problemas de gerencia los males en algunas áreas de la Justicia que se reflejan, por ejemplo, en la pérdida de valoración del país en el índice Global de Competitividad (IGC).
La dependencia que dirige Germán Mejía reclama el cumplimento a la Ley 46-97, del 18 de febrero de 1997, que consagra la autonomía presupuestaria y administrativa de los poderes Legislativo y Judicial, así como la Ley 194-04, del 12 de agosto de 2004.
El artículo 3 de la Ley 194-04 señala que los presupuestos del Poder Judicial y el Ministerio Público serán de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos del Estado, un 65% para la primera y un 35% para el segundo.
Mientras, el artículo 6 indica la condición bajo la cual podría ser modificado el porcentaje que debe ser destinado al presupuesto del Poder Judicial que debe ser de un 2.66% del Fondo General, señala el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), en un análisis sobre los presupuestos de la Justicia entre 2004 y 2016.
“Dicha asignación solo puede ser modificada por el Poder Ejecutivo en el caso de que las estimaciones y situación económica del país determinen una merma o disminución de los ingresos”, resalta el Crees, para señalar que esa condición solo se dió en 2009 producto de la crisis financiera global de 2008.
“En promedio, desde el 2004 a 2016, al Poder Judicial sólo se le ha asignado el 58.7% del presupuesto de gastos que le corresponde”, plantea y que “desde 2006 a 2015 el gasto total del Gobierno central se incrementó en un 158%, casi 2.6 veces, mientras el gasto ejecutado por la Suprema creció en un 66%”.
En la clasificación plurianual del gasto, el Presupuesto 2018 evidencia que para los siguientes tres años la asignación al Poder Judicial seguirá invariable. Esto equivale, según el documento a 0.2% del producto interno bruto (PIB) hasta 2021, cuando el monto baja a 0.1% del PIB proyectado.
Las leyes especiales que asignan porcentajes específicos de recursos del Presupuesto a determinadas áreas o entidades son vista con frecuencia, desde la óptica del Gobierno, como desproporcionadas, pero el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señala que el incumplimiento con el Poder Judicial afecta “sus órganos, su independencia, su desempeño y sus niveles de gestión”.
Castaños Guzmán entienden que la falta de recursos afectan su eficiencia y la llevan al incumplimiento forzado de sus planes estratégicos.
También para el jurista Cándido Simón Polanco, el Gobierno debe cumplir con la asignación que establece la ley, aunque asegura que el Poder Judicial está afectado por “una crisis moral por falta de liderazgo con legitimidad”.
Germán Mejía explicó, en un discurso pronunciado en presencia del presidente Medina, que en 2017, de los RD$6,406.6 millones recibidos, el Poder Judicial destinó RD$6,124.8 millones a gastos corrientes y RD$281.8 millones a gastos de capital.
“Debemos saber que hay una cuota de responsabilidad por parte de la ejecución de lo que es presupuestado”, afirma Castaños Guzmán. “Ha quedado claro que la independencia del Poder Judicial dependerá, en gran medida, de cómo gestiona su presupuesto”, apunta.
El directivo de la Finjus recuerda el análisis del Crees en el sentido de que “el 85.3% del gasto de 2015 fue destinado a gasto de consumo: remuneraciones a empleados (69.4%) y compra de bienes y servicios (15.9%)” .
No es prioridad
Durante la celebración del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, se quejó de “las precariedades económicas generadas por una asignación presupuestaria históricamente insuficiente”. El funcionario dijo que se trata de una “limitante fundamental” en la ejecución adecuada de los planes y programas de desarrollo. Entre los males citó que muchos tribunales operan en 110 maltrechos locales alquilados.
Para Servio Tulio Castaños Guzmán, en República Dominicana “resulta un hecho incontrovertible que no se concibe al sistema de justicia como un eje prioritario para su fortalecimiento institucional”. “Podemos comprender que existen áreas de igual o mayor preocupación en el marco de nuestro orden social, no obstante es inaceptable el trato dado al Poder Judicial, siendo la inseguridad ciudadana una de las preocupaciones más graves por parte de la ciudadanía y, del mismo modo, teniendo el sistema de justicia el reto de recuperar la confianza de la población”, dice.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) recordó que en diversas ocasiones ha expresado preocupación “por la necesidad apremiante de que el Poder Judicial cuente con un presupuesto que pueda permitir el desarrollo pleno de sus mandatos constitucionales y la eficaz operatividad de su misión institucional”.
