La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un impuesto del 3% sobre la facturación de las grandes empresas tecnológicas en un primer paso por conseguir que estas compañías, en su mayoría estadounidenses, contribuyan de forma adecuada al fisco, mientras aguardan una solución global para la que no hay consenso.
La iniciativa llega a instancias de Francia y de las principales economías (Alemania, España, Italia o el Reino Unido) del bloque, que ya en septiembre pidieron medidas urgentes para acabar con las lagunas en la legislación actual, que permiten que mientras las empresas tradicionales pagan de media el 23.2% de impuesto de sociedades, las digitales abonen solo el 9.5%.
El Ejecutivo comunitario insiste en que esta tasa es una medida “temporal” que se aplicaría solo hasta que se adopte la solución que proponen a largo plazo, que se basa en tener en cuenta la presencia digital de las empresas para calcular dónde y cuánto deben pagar en impuesto de sociedades.
También defiende que era necesario actuar antes de que los países legislen por su cuenta sembrando incertidumbre entre las empresas.
“Nuestra preferencia es un estándar global que defina la presencia digital (…) pero todo el mundo ve que los progresos son lentos para alcanzar acuerdos globalmente en temas tan sensibles y complejos, por tanto la UE ha decidido asumir el liderazgo”, dijo el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici en rueda de prensa.
El impuesto planteado se aplicaría solo a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, con lo que se excluiría a las pequeñas y emergentes.
Se gravarían en concreto los ingresos por las actividades que dependen más de la implicación de los usuarios: la venta de espacio publicitario o de los datos de usuarios recogidos por empresas como redes sociales o motores de búsqueda, y la prestación de servicios de intermediación, como los de alquiler o venta entre particulares.
La CE calcula que afectaría a entre 120 y 150 compañías, de las que aproximadamente la mitad serían estadounidenses y un tercio europeas, y que permitiría ingresar 5,000 millones de euros anuales en impuestos, explicó Moscovici.
Como solución a largo plazo y vocación internacional, el Ejecutivo comunitario plantea cambiar la definición de establecimiento permanente de las empresas, que hoy se basa en la presencia física, para tener en cuenta la creación de valor y la base de usuarios.
Así, se consideraría que las empresas tienen “presencia digital” en un país de la Unión cuando tengan más de 7 millones de euros de facturación anual en el mismo, cuenten con más de 100,000 usuarios al año o firme más de 3.000 contratos para proveer servicios digitales a empresas en un año.
La Comisión se ha esforzado en repetir que no se trata de un impuesto dirigido contra las empresas estadounidenses ni de una represalia ante los aranceles que Estados Unidos prevé imponer a las importaciones europeas de acero, pese a que la medida afectará a los gigantes tecnológicos estadounidenses y llega en un momento delicado de las relaciones transatlánticas.
“No es un impuesto contra los GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) ni contra Estados Unidos (…) y respeta las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, insistió Moscovici, quien dijo que transmitió esta idea al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, durante la reunión del G20 en Buenos Aires.
Sin embargo Mnuchin afirmó la semana pasada que su Gobierno “se opone firmemente a cualquier impuesto a la economía digital fijado por un solo país” y que apoya la cooperación internacional para abordar el tema.
El Ejecutivo comunitario asegura que ha consultado ampliamente la propuesta y que esta debería alimentar el debate en el G20 y la OCDE, dónde seguirá trabajando para encontrar una solución.
Sin embargo, la patronal europea BusinessEurope le reprochó el movimiento “unilateral” y criticó que las medidas “podrían poner en riesgo la posibilidad de crear empresas digitales que lideren el sector en nuestro continente”.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), por el contrario, saludó la medida y el impuesto temporal como un “paso en la dirección correcta”.
La propuesta pasa a manos de los Estados miembros que deberán aprobarla por unanimidad y mañana tendrán un primer debate en la cumbre de líderes de los Veintiocho.
La unanimidad se antoja difícil por la tradicional oposición de países como Irlanda (sede de buena parte de las grandes empresas extranjeras con presencia en la UE), Luxemburgo o Malta a cualquier medida fiscal que mine su autonomía tributaria, clave para sus modelos económicos.
