El Gobierno anunció que firmó un acuerdo con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella a través del cual crea un fondo contingente que garantiza el flujo de recursos para terminar y poner en operación la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). Este nuevo escenario es independientemente del tiempo y resultados del arbitraje por reclamo de recursos adicionales que hacen los constructores.
Esta salida salomónica, en un contexto en que el proyecto está prácticamente finalizado, ha sido la más adecuada. Sin embargo, pone de manifiesto que los promotores de Punta Catalina, quiérase admitir o no, están contra la pared. ¿Por qué? Sólo habría que ponerse a pensar en lo costoso, que de hecho lo es, que saldría reanudar una planta generadora de electricidad de esta envergadura si sus trabajos se detienen aunque sea por uno o dos meses.
Aplicando simples conocimientos de aritmética, hay algo que con un simple análisis no se entiende. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, éste último economista y matemático de primera línea, ratificaron la posición del Gobierno de no pagar “un centavo más” sobre el valor contractual de la obra de US$1,945 millones.
Independientemente del arbitraje, hay una admisión implícita de que Punta Catalina costará más de US$1,945 millones. Si el Gobierno accedió, o acordó con las partes en disputa, a crear un fondo contingente por el monto de US$336 millones, que servirá para terminar la obra, entonces está sobreentendido que el presupuesto original se agotó. Se supone que el consorcio que construye este proyecto presentará sustento de facturas que indican que ciertamente no había recursos disponibles para entregar el proyecto a tiempo.
El único espacio que al parecer tiene el Estado para por lo menos empatar en el arbitraje está relacionado con el tiempo de retraso de la obra, pues se supone que debió entregarse hace casi dos años. Ahora bien, las razones de ese retraso es materia que quizá no conviene remover mucho en un contexto en que los costos de esta obra no sólo están asociados a lo económico, sino también a lo reputacional.
El acuerdo para terminar la obra dice que los recursos del fondo de contingencia serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje. Lo importante, en todo caso, es que la construcción de la obra no se detenga, pues eso sí elevaría su costo a niveles difícilmente definibles.
Tampoco se entiende cómo es que el acuerdo marco para la continuación y finalización del proyecto CTPC con motivo de disputa pendiente no implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra. ¿Se termina la obra con US$336 millones o sería necesario el total reclamado?
El fondo contingente se divide en dos partes, una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow (de garantía), cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el cronograma de entrega de la planta generadora.
Lo único que se puede esperar es que el Gobierno mantenga su posición de no aceptar el pago de un centavo más sobre el valor contractual de esta planta eléctrica de 752 megavatios brutos. Lograrlo, sin embargo, es el gran reto que ahora estaría en manos de una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en este tipo de litigios, la firma Foley Hoag LLP, con más de 75 años de experiencia.
