Los principales riesgos identificados por las compañías cotizadas españolas en el año 2017 fueron los cambios regulatorios, el impacto en la variación del precio de las materias primas, la incertidumbre sobre el ‘Brexit’, la inestabilidad política en los países en los que operan y las políticas monetarias más restrictivas.
Así lo refleja el Informe anual de Gobierno Corporativo (IAGC) publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que apunta a la diversificación como “una pieza clave” para lograr un alto nivel de recurrencia de ingresos, a pesar de las condiciones del entorno y de los ciclos de las economías en las que operan.
De esta manera, el supervisor apunta que los riesgos más identificados continúan siendo los relacionados con el riesgo de crédito y financiación, el impacto derivado de la contención del gasto y de la inversión pública, los precios de las materias primas, la evolución de los tipos de cambio, los ocasionados por los cambios regulatorios, los factores climatológicos adversos y la inestabilidad política vivida en un gran número de países.
Asimismo, comenzaron a tomar relevancia cuestiones relativas a la ciberseguridad como un riesgo relevante para las compañías españolas.
Por sectores, el financiero destacó la importancia de la digitalización y señaló entre los principales riesgos la fuerte competencia, los ciberataques o fallos tecnológicos, la morosidad, la incertidumbre política y la litigiosidad.
Por su parte, los mayores riesgos para el sector energético fueron la regulación, debido a la elevada complejidad del marco normativo y fiscal y a los cambios que realizan los distintos reguladores en la retribución de las actividades reguladas o de las condiciones de suministro exigidas; la fluctuación del tipo de cambio, el acceso a la financiación y la reputación.
De su lado, el sector de la construcción e inmobiliario identificó el riesgo financiero por su vinculación directa con el mercado de capitales y señaló que el retroceso en la recuperación de la solvencia del sistema financiero incrementa el riesgo crediticio de las contrapartes financieras. Asimismo, apuntó a la incertidumbre política y consecuente inseguridad jurídica, la fiscalidad asociada a los activos inmobiliarios y el auge de políticas proteccionistas.
En cuanto a los riesgos materializados durante el ejercicio, el 65% informó de riesgos concretos, un punto menos que en 2016, y el 22% (mismo porcentaje que el año anterior) no identificó ningún riesgo materializado significativo. Entre los primeros destacaron la elevada volatilidad del mercado de divisas, la volatilidad de las materias primas, las restricciones en la disponibilidad de financiación y la incertidumbre política, entre otros.
Por otro lado, el supervisor indica que en 2017 se presentaron más informes de auditoría con salvedades. Así, el 95.7% de los informes no contaba con ninguna salvedad, dos puntos menos que un año antes. Además, las cuentas anuales del 44,6% de las empresas cotizadas fueron certificadas por los responsables de su elaboración con carácter previo a su formulación o aprobación por el consejo de administración, una proporción que ascendió al 85.7% en el Ibex 35.
