Las trabajadoras domésticas en Estados Unidos afrontan con ilusión la que puede ser la mayor conquista de “dignidad” del sector a nivel nacional mediante una legislación que se presentará en 2019 para establecer un marco nacional de derechos laborales, lo que sacaría a estas empleadas de la marginalidad.
Sin amparo ante casos de abusos ni de explotación y sin protección siquiera del salario mínimo. Así trabajó durante más de dos décadas Rosa Sanluis, una mexicana que llegó a EE.UU. en 1988 y que vio en el trabajo doméstico su única salida para poder sobrevivir en el país.
Ella, de 60 años, tiene claro que es necesaria una “carta de derechos” nacional que logré homogeneizar y proteger las condiciones laborales del sector, según enfatiza durante una conversación con Efe en la que la palabra “dignidad” es la más repetida.
“Necesitamos la carta de derechos porque nos traería respeto y dignidad, y sobre todo el reconocimiento que merecemos como cualquier otro trabajador”, asegura Sanluis, que relata sus dificultades como empleada doméstica y su ilusión por que haya un estatus federal que las ampare.
La carta de los derechos a la que hace referencia esta mexicana es la presentada recientemente por dos legisladoras demócratas y la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA).
“Somos esenciales en los hogares pero tras las puertas privadas no somos valoradas porque no consideran que el trabajo de casa es igual que los demás. Por eso no nos pagan el salario mínimo, por eso no tenemos muchas de las protecciones. Somos la parte medular de un hogar para que funcione como tal”, comenta la ahora activista.
Ella cuenta que comenzó viviendo en la casa de la familia para la que trabajaba, con jornadas de trabajo interminables, pero que pese a no cobrar el salario mínimo consiguió irse con otras compañeras a un apartamento compartido.
Aunque ahora se encuentra regularmente en el país, en un inicio Sanluis evitaba decir a sus jefes que era una inmigrante irregular, ya que esto implicaba en la mayoría de casos que los “patrones” se aprovecharan y le bajaran el sueldo.
“Tenía mucho cuidado de no decir mi estado migratorio”, rememora la residente del estado de Texas durante la entrevista con Efe.
“Aquí en el área -continúa- somos muchas las que no tenemos documentos y entonces los patrones abusan del estatus migratorio para no pagar el mínimo”.
La sexagenaria pone el foco, por ejemplo, en los problemas que tienen algunas compañeras del sector con el uso de productos químicos de limpieza, ya que carecen de cualquier formación al respecto y terminan dañando su salud.
La nueva legislación, que esperan presentar formalmente en el Congreso el próximo año, tratará de homogeneizar el marco de los derechos laborales de este sector, cuya regulación ha dependido hasta la fecha de las legislaciones a nivel estatal.
Esta normativa ofrecerá protecciones a más de dos millones de mujeres que ejercen de niñeras, limpiadoras y cuidadoras en el país, según estimaciones de la NDWA.
Según las impulsoras, ocho estados y una ciudad han elaborado sendas cartas de derechos a nivel local en la última década.
Uno de los territorios con regulaciones es Nueva York. Allí trabaja Silvia Reyes, una mexicana de 25 años que llegó al país forzada por su madre, que ya residía en EE.UU., cuando tan solo tenía 15 años.
Acoso sexual y abuso laboral en experiencias con familias ultrarreligiosas, jornadas muy extensas y la imposibilidad de poder siquiera comer durante sus horas de trabajo forman parte del relato atroz que narra Reyes, con poco más de tres años como empleada del hogar.
Pese a estas experiencias, Reyes, que cuida a menores, es una enamorada de su trabajo.
“Me encanta mi trabajo. Me encanta cuidar a niños, a una persona tan chiquita que depende de ti… Me mueve (emociona) y me encanta”, asegura a Efe conmovida, aunque indignada por las condiciones que sufren.
“Muchas veces -prosigue- no reclamas porque no hay nada que te respalda, un contrato que te ayude y prefieres callar”.
Aún habrá que esperar para conocer los apoyos que logra la medida y si se le añade alguna enmienda que altere su contenido inicial, que recoge una batería de protecciones frente al abuso, sobre los descansos, las bajas por enfermedad o los salarios, entre otros ámbitos.
