Haití vivió un año marcado por una nueva crisis política, económica y social, agudizada por las protestas callejeras en contra de la corrupción y la impunidad, en las que un sector de la oposición exigió la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise.
Las protestas se iniciaron en julio pasado por un aumento en los precios de los combustibles, que el Gobierno dejó sin efecto poco después, tras violentas manifestaciones que causaron varios muertos.
La situación obligó a la renuncia del entonces primer ministro, Jack Guy Lafontant, sustituido por Jean Henry Ceant, quien asumió el cargo el 17 de septiembre.
Al asumir el puesto, Ceant se comprometió a luchar contra la inseguridad y la corrupción, dos de los principales males en Haití, poniendo prioridad especial a la investigación respecto a la supuesta malversación de los fondos del programa Petrocaribe, el acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables a varios países caribeños.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido gobernante en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2,000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
Las protestas se multiplicaron a partir de agosto para exigir al Gobierno que aclarase la gestión de Petrocaribe, pero también un sector de la oposición aprovechó para reclamar la salida de Moise, un empresario del banano que llegó al poder en febrero de 2017 sin experiencia previa en política.
Moise, por su lado, propuso un diálogo, rechazado en un principio por sus opositores, quienes finalmente acabaron aceptando la propuesta, aunque siguen presionando para su marcha, mientras Ceant continúa el proceso de crear un Gobierno de consenso que ayude a aliviar la crisis.
Para tratar de contrarrestar la presión de la oposición, el Gobierno también anunció empleos para los sectores más pobres, así como medidas para garantizar la paz y la estabilidad.
La capital del país, Puerto Príncipe, estuvo paralizada prácticamente una semana en noviembre tras una huelga convocada por un sector de la oposición después de una multitudinaria movilización en contra de la corrupción, que dejó varios muertos.
Respecto a la seguridad, diversos sectores coinciden en que ha empeorado tras la salida de la Misión de la ONU para la Estabilización de en Haití (Minustah), que estuvo presente en este país desde 2004, y que dio paso a una pequeña presencia policial, bautizada como Minujusth.
Haití ha vivido un repunte de la violencia en los últimos meses en parte debido a bandas armadas que operan en varias zonas de la capital y que, según denuncias de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití (Rnddh), asesinaron a 59 personas en noviembre en la zona de La Saline, en Puerto Príncipe.
Otro tema de preocupación para los defensores de los derechos humanos en este país es el de las hacinadas cárceles, donde unos 118 presos murieron entre enero y octubre a causa de diferentes enfermedades como el sida y la tuberculosis.
Mientras tanto, la economía haitiana no termina de arrancar, con una inflación de dos dígitos, y la Cepal, que había pronosticado un crecimiento del PIB de 2% para este año, lo redujo a 1.8%.
La moneda nacional, el gourde, pierde cada vez más su valor frente al dólar, disminuyendo el poder de compra de la población de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios.
La situación podría agravarse en vista de que muchos haitianos que habían emigrado a países como Chile y Brasil están de vuelta a la empobrecida nación debido a las restricciones migratorias.
La permanencia de miles de haitianos en EEUU también está en peligro por la decisión de la Administración de Donald Trump de poner fin al Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que afectaría a unos 60,000 haitianos.
En otro orden, Haití sufrió el 6 de octubre de este año un sismo de magnitud 5.9, que dejó 17 muertos, destruyó 353 viviendas y provocó daños a 7,430 casas, según datos oficiales, y que hizo recordar el terremoto de 2010, de 7 grados, que causó más de 300,000 muertes y dejó unos 1.5 millones de damnificados.
