El Gobierno español aprobó este viernes los proyectos de ley de dos nuevos impuestos, uno que gravará las transacciones financieras y otro que afectará a determinados servicios digitales, con los que espera recaudar más de 2,000 millones de euros anuales.
La intención es reforzar la “equidad” del sistema tributario, según argumentó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La propuesta tendrá que ser debatida y, en su caso, modificada y aprobada por el Parlamento español.
El impuesto de determinados servicios digitales, que prevé recaudar unos 1,200 millones de euros, establece un gravámen del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes.
Este tributo solo se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen más de tres millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no afectará a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Gravará actividades que ahora no están sujetas a tributación porque las plataformas digitales “trabajan de manera privilegiada” con respecto a negocios que sí pagan impuestos. “Se estaba funcionando con competencia desleal”, según el Gobierno.
Este impuesto, que va en línea con el debate sobre tributación digital en la Unión europea, tiene el objetivo de que “las empresas tributen allí donde están generando beneficios”, explicó Celaá.
El impuesto sobre transacciones financieras, que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en una tasa del 0.2% sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1,000 millones de euros.
La también llamada “tasa Tobin” no afectará a las salidas a bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones temporales.
Este impuesto pretende “reforzar la equidad del sistema” y también está en línea con la cooperación reforzada que diez países europeos mantienen desde 2013 para ponerlo en marcha, explicó la ministra portavoz.
Añadió que este impuesto sigue el modelo francés y su recaudación se dedicará a financiar las pensiones y otros mecanismos de protección de la Seguridad Social.
