Esta es una posición muy personal. Me opongo a la resolución 006-2019 del Ministerio de Hacienda, que establece las políticas y los requisitos para la solicitud y concesión de permisos de operación para bancas de lotería. Y me pregunto: ¿Qué razones tendrían las autoridades, más allá el motivo económico y fiscal, para poner en ejecución una normativa que viene a legalizar (una especie de amnistía) a todos los que han operado de manera ilegal, es decir, al margen de cualquier precepto legal y de respeto?
Está más que demostrado que los dueños de bancas de lotería, a quienes reconozco ser una fuente de empleos para miles de dominicanos, aunque sean mal pagados, tienen derechos adquiridos y ejercen una función de contención social con un mínimo de importancia. Sin embargo, también son insaciables y no les interesa (o no razonan) sobre el mal que los juegos de azar provocan a la sociedad, máxime cuando estas bancas proliferan y superan en número a las escuelas públicas.
Mi oposición se sustenta, además, en que en cierto modo lo que hay son miles y miles de bancas de lotería que operan de manera ilegal, a la vista de todos, incluso denunciadas por los mismos dirigentes del sector, quienes alegan falta de competitividad. A veces un propietario de banca instala una sólo para resguardar el espacio y evitar que llegue otro.
El sector, más que un relajo, es un caos. En mayo de 2017 elDinero publicó un reportaje que daba cuenta de que hay 154 bancas de lotería por cada escuela pública en República Dominicana. Este dato, al parecer, no le causa ni frío ni calor a las autoridades, pero menos a los dueños de bancas.
Desde la promulgación de la Ley 139-11, que regula las bancas, casinos y juegos de azar, el número irregular de estos establecimientos se ha triplicado, partiendo de que las que operan con permiso son 30,750. Sin embargo, estimaciones conservadoras de los “banqueadores” ubican la cantidad en poco más de 100,000, pudiendo llegar a las 120,000 en todo el territorio nacional.
Sobre el otorgamiento de permiso definitivo, el artículo 4, inciso b, de la resolución 006-2019, a mi modo de ver, parece un chiste de mal gusto, pues dice que “visto favorable de la inspección en cuanto al cumplimiento a la ubicación del local donde operará la banca de lotería, el cual deberá estar mínimo a 200 metros lineales de distancia de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, centro de atención integral para la discapacidad, hospitales, iglesias que están debidamente incorporadas y sedes principales de los tres poderes del Estado”.
Ahora cabe una pregunta: ¿Qué harán con los famosos verifones? Todo indica que el caos seguirá porque, ante todo, falta voluntad política para “entrarle” a una actividad económica que provoca más mal que bien a la sociedad.
El negocio de las bancas de lotería creo que debe existir, sí, pero este tipo de actividad debería ser regulada con las más estrictas políticas de control, pues no es una actividad que aporta valor agregado a la economía desde el punto de viste real y medible. Sólo genera muchos empleos de mala calidad y miles de millones de pesos en ganancia para unos pocos.
