Atacar el contrabando, tan dañino para las finanzas públicas por sus efectos negativos en las recaudaciones, pero más peligroso para la salud de los consumidores, es una obligación de Estado. La Dirección General de Impuestos Internos oficializó el Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos, un proyecto que actualiza en forma estructural, por primera vez en 50 años, los mecanismos de gestión tributaria en esos rubros, en los que existe un nivel de incumplimiento promedio de 40.23%.
Esta es, sin quizá, una de las decisiones más trascendentales tomadas por el Estado durante los últimos 30 años, tomando en cuenta que la evasión fiscal, a veces impulsada por la dejadez de las autoridades, es como un cáncer que ha hecho metástasis en prácticamente todas las actividades económicas. Las empresas formales y las finanzas públicas, por supuesto, son las más afectadas por cualquier tipo de práctica ilegal de comercio.
Es preciso destacar la transparencia con que se llevó el proceso, escogiendo un árbitro de la calidad y valoración, como es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la actuación de un comité técnico y otro de adjudicación integrado por representantes de la Iglesia católica, la sociedad civil y de la prensa. Se cuidó hasta el mínimo de detalle.
Este sistema de trazabilidad tiene justificaciones más que suficientes: reducir la competencia desleal provocada por el comercio ilícito y la evasión fiscal, disminuir los índices de evasión, elusión y fraude fiscal en bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional e importados; proteger las marcas legales diferenciándolas de las ilegales, disponer de medios necesarios para detectar productos de dudosa procedencia, reducir el consumo de productos nocivos para la salud (adulterados no aptos para consumo humano), así como empoderar al consumidor y la cadena de suministro de una herramienta eficiente para reconocer el origen del producto. Como se ve, es una apuesta válida y que muestra una disposición real de amainar el comercio ilícito.
Ahora toca a los empresarios, que desde hace años pidieron la implementación de este sistema, ser vigilantes para que se logren los resultados deseados, que seguro coinciden con los intereses de las autoridades fiscales: ponerle freno a una actividad que afecta a todos.
