América Latina tiene poca experiencia en el tratamiento de los temas relacionados con la defensa comercial, pues apenas entró a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 y es ahí cuando se adoptaron los acuerdos.
Así lo afirmó la economista y abogada costarricense Lucrecia Brenes en una entrevista con elDinero, en la que explicó que aunque hace poco más de 20 años desde la adopción de los acuerdos de la OMC, tampoco los países lo han aplicado, a diferencia de Estados Unidos, India y naciones europeas, que tienen mucha experiencia.
Efectivamente, sostiene, las leyes contra las prácticas de comercio desleal o la defensa comercial pretenden hacer justicia en los mercados, a fin de que el comercio se realice en condiciones de sana competencia. “Necesitamos un equilibrio, pues si hemos eliminado nuestros aranceles, y hemos adoptado la apertura comercial, lo que se busca es que ese comercio sea leal”, sostiene.
A su entender, esto significa que las empresas exporten a precios de sana competencia, pero al mismo tiempo que estas legislaciones no se aprovechen para entablar proteccionismos excesivos, de tal manera que a todas las empresas de la competencia se les aplique dumping o medidas de salvaguardas para frenarlas en el mercado.
Es aquí, consideró, cuando entran en juego las autoridades, las cuales vienen a ser jueces en este tipo de medidas y por tal razón deben conducir las investigaciones desde un punto de vista técnico, correcto e imparcial.
Sobre la influencia que pudiera tener o no un determinado grupo empresarial en las decisiones de Estado, Brenes es clara cuando afirma que “hay de todo”, entre lo que se pueden encontrar autoridades investigadoras que han alcanzado una grado de madurez y se vuelven realmente entes técnicos o jueves imparciales, y hay “autoridades investigadoras” que ceden ante las presiones políticas.
Sin embargo, admite que estos temas tienen un matiz político desde que un funcionario acepta o no un informe técnico y decide o no imponer una medida.
Destacó que hay autoridades que son 100% técnicas y la adopción de las medidas responde a estudios técnicos, mientras que hay otros países en donde este tipo de instrumento se han utilizado políticamente con grupos de presión ejercen ese poder para lograr medidas proteccionistas.
Caso dominicano
Sin embargo, República Dominicana tiene legislación propia en materia de defensa comercial, lo cual fue considerado por Brenes como un avance, demostrando una madurez del país en el sentido de adaptar estas legislaciones de la OMC a la interna.
“Hay que hacerle un reconocimiento a República Dominicana por tener una Comisión de Defensa Comercial independiente y eso nos llevaría a pensar que esa entidad adopta decisiones pensando más en lo técnico que en lo político. No conozco qué tanta influencia podría tener el aspecto político dentro de la Comisión. Sin embargo, son pasos que han dado que nos permiten pensar en que hay cierta madurez”, sostuvo Brenes.
Sin embargo, admite que en países de la región se pueden presentar casos en los que se asumen compromisos entre quienes llegan a una posición política y grupos económicos. Aclara, al respecto, que de todos modos las decisiones deben responder a aspectos técnicos, aunque algún político haya recibido apoyo, pues ante todo se debe al pueblo que lo votó.
A su entender, este tipo de medidas deben ser tomadas con imparcialidad, es decir, que se impongan si realmente se está ante una práctica de comercio desleal porque tampoco se busca acabar con la producción nacional, la cual genera empleos y riqueza económica. Sin embargo, tampoco se pueden tomar decisiones que signifiquen cerrar un mercado porque entonces se incentiva el aumento de precios y afectando a los consumidores.
“En los dos casos se pueden establecer prácticas monopolistas, ya sea de un exportador que por medio de prácticas de competencia desleal pretenda desplazar la competencia interna, para posicionarse monopólicamente en el mercado, pero por el otro lado no puedo adoptar una medida que me genere la otra cara de la moneda, que es que la empresa local se posicione monopólicamente y evite toda la competencia del exterior. Se trata de un equilibrio. Las medidas de defensa comercial no tienen como objeto desplazar competencia, buscan que los precios sean de sana competencia”, explicó Brenes.
