Durante los últimos años la opinión pública dominicana ha sido testigo, y se ha hecho eco, de la importancia de impulsar proyectos bajo el esquema de inversión público privada. Hay ejemplos en América Latina que establecen, y aseguran, su conveniencia.
En este contexto sería de orden preguntarse ¿dónde se encuentra República Dominicana en términos del entorno económico, institucional y regulatorio para el desarrollo de APPs eficientes y sostenibles? La pregunta fue formulada por Alexandre Meira da Rosa, vicepresidente de Países del BID, quien reconoce que las autoridades locales han estado trabajando en generar un contexto propicio para la participación privada en la inversión en infraestructuras.
El Proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, presentado a finales del año pasado, representa un buen paso para establecer los marcos regulatorio e institucional adecuados, que permitan promover una mejor gobernanza y transparencia en los procesos de desarrollo de proyectos.
En este punto es de orden destacar la preocupación que tiene una entidad como el BID por que se legisle en torno a este tema, ya que siempre es saludable poner todas las variables en una perspectiva clara, a fin de garantizar el éxito de cualquier iniciativa dentro de este esquema.
Es importante destacar en este escenario el reporte insignia del BID, realizado en 2016, que versa sobre “Ahorrar para desarrollarse”, que muestra cómo confiar únicamente en la inversión pública para cerrar dicha brecha no acabaría con las necesidades de la región, dada la inversión histórica y el sesgo contra la inversión en capital en los países de América Latina y el Caribe.
Para el BID, y podría decirse que también para todos los interesados en el desarrollo sostenible de las economías en vía de desarrollo, como es el caso de República Dominicana, las inversiones en infraestructuras se consideran fundamentales para ayudar a que la región supere las dificultades económicas mundiales.
Los retos en el desarrollo de la infraestructura de República Dominicana son importantes, así como lo son las oportunidades que el país tiene por delante. Generar las condiciones para atraer de un modo efectivo al sector privado hacia una mayor inversión en infraestructuras, al mismo tiempo que promover la eficiencia de la inversión pública, se presentan como retos fundamentales para el desarrollo y el cierre de la brecha existente.
A la espera de un marco regulatorio, lo mandatorio, mientras tanto, es promover una correcta implementación de aquellas APPs eficientes y sostenibles que resulten ser el mejor uso de los recursos.
