Se ha vuelto una costumbre encontrar en nuestros comercios, principalmente en supermercados, productos comestibles con un aviso que da miedo: “registro sanitario en proceso”. Los consumidores dominicanos, poco enterados y haraganes para leer las etiquetas, adquieren estos artículos atraídos, básicamente, porque cuestan unos cuantos pesos menos.
Estos registros sanitarios “en proceso” lo podemos encontrar en embutidos, jugos, refrescos, sardinas, picaderas, dulces, galletas y en productos de limpieza. ¿Cómo es que puede suceder esto en un país que aspira a ser un ejemplo de sanidad, de respeto a los consumidores y un mercado sin riesgos para nadie?
Caben otras preguntas: ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué los empresarios sacan al mercado estos productos sin cumplir con una regla fundamental establecida en la Ley General de Salud y en la que “protege” los derechos de los consumidores? ¿Qué garantías hay de que estos “alimentos” cumplan con los requisitos mínimos para ser consumidos por la población? Hablar del Codex Alimentario es otro tema. Y cabe otra pregunta: ¿Por qué no prohibir que alimentos sin registro sanitario salgan al mercado?
En la comercialización de agua este asunto toma ribetes olímpicos. La Asociación de Industrias (AIRD) y sus empresas socias embotelladoras de agua potable consideraron que la información que se suministre al público sobre una determinada actividad económica debe ser transparente y responsable, pues una noticia con datos imprecisos hace daño a un sector que brinda un servicio indispensable a la población, que cuida de la salud de los consumidores y que se caracteriza por su preocupación constante por incrementar los estándares de calidad más allá de lo que establecen las normas. Y digo: la salud de los consumidores está sobre todas las cosas.
