Participación Ciudadana demanda a la Junta Central Electoral (JCE), junto al capítulo dominicano de Transparencia Internacional, la aplicación del Artículo 66 de la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que ordena establecer una unidad especializada de control financiero de las organizaciones políticas.
La Unidad Especializada de Control Financiero, afirma Participación Ciudadana, deberá fiscalizar la distribución interna de los fondos de los contribuyentes destinados por el Estado a los partidos políticos.
En 21 años, recuerda, el Estado ha destinado a los partidos políticos más de RD$14,000 millones de los fondos de los contribuyentes, de los cuales el 80% ha sido destinado a tres organizaciones antes de 2019: el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados los partidos Revolucionario Dominicana (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).
Para este año la distribución del 80% de los fondos de los contribuyentes incluye a un cuarto partido: el Revolucionario Moderno (PRM), un desprendimiento del otrora opositor PRD.
“La opacidad ha sido la regla y sucede que una parte significativa de ese dinero, en una sociedad pobre y vulnerable, son utilizados por una parte de la oligarquía partidaria, para fines personales, es como decir, la apropiación de lo legal, para fines personales, para fines clientelistas y eso es corrupción”, asegura el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en una petición oportuna en la que además señala a los partidos que dejaron de presentar su rendición de cuentas en distintos años.
