La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de publicar un informe sobre el índice de pobreza en la región y destaca que en República Dominicana, de 2012 a 2013, la pobreza disminuyó de 41.2% a 40.7%, mientras que la pobreza extrema aumentó de 20% a 20.2%.
Pero además de la paradoja de ser un país donde hay menos pobres y a la vez más paupérrimos, el informe muestra la lentitud en que se viene registrando la reducción de la pobreza, en contradicción con el extraordinario crecimiento que muestra la economía dominicana medida por el Producto Interno Bruto (PIB).
Para muestra, algunos datos: en el año 2006 la pobreza en República Dominicana era de 47.5% y siete años después la CEPAL ubica ese índice en 40.7%. Eso quiere decir que el índice de pobreza se ha reducido en -14.3% en ese período.
Sin embargo, cuando se revisa el tamaño de la economía dominicana se tiene que en 2006 el PIB era de US$35,897.2 millones, mientras que para el 2013 el producto del país sumaba los US$60,636.2 millones, de acuerdo con datos del Banco Central.
Esto quiere decir que el tamaño de la economía, en siete años, casi se duplicó y creció 69%, mientras en el mismo período la pobreza apenas disminuyó en -14.3%.
Lo anterior no es más que una muestra de los elevados niveles de desigualdad social que imperan en la República Dominicana, ya que la riqueza interna aumenta en forma acelerada, pero sólo beneficia a los más ricos, mientras los más pobres siguen en la pobreza y pobreza extrema.
La desigualdad social en República Dominicana es muy superior a la del resto de los países de América Latina y el Caribe, pues la CEPAL señala que mientras aquí la pobreza se ubica en 40.7%, el promedio de la región es de 28.1%, una proporción alta, pero muy por debajo de la nuestra.
En tanto que la pobreza extrema en América Latina y el Caribe promedia 11.7%, en tanto que en República Dominicana es casi el doble: 20% al año 2013.
A ese ritmo, la esperanza de los más desposeídos en República Dominicana sigue muy lejos, pues no bastan los esfuerzos del Gobierno por enfrentar esa situación mientras impere el clientelismo político, la debilidad institucional y el uso inadecuado de los limitados recursos disponibles, pues no se puede olvidar que la presión tributaria (ingresos que recauda el Gobierno) es de apenas 14.5% del PIB.
Lo ideal sería que la presión tributaria en el país oscile entre 22% y 25% del PIB, pero eso implicaría aplicar más impuestos a los ciudadanos que pagan sus compromisos tributarios, lo cual también sería injusto si se toma en cuenta la elevada evasión fiscal que aún predomina, y el hecho de que el Estado no le devuelve en servicios eficientes a la población lo que le cobra de impuestos.
La mayoría del dinero que entra al erario público se destina a cubrir una nómina abultada, contratos sobrevaluados, desvíos no determinados de fondos, subsidios, pago de deudas contraídas de manera irresponsable y aportes sociales mal focalizados que en lugar de reducir la pobreza, la aumenta a cambio de la conquista del favor político de una población ignorante y sumergida en la pobreza.
Afortunadamente, en los últimos dos años, el Gobierno ha decidido destinar una proporción importante del presupuesto (4% del PIB) para el área de educación. Sin embargo, es preciso que esa abundancia de dinero sea invertida en iniciativas que fortalezcan la calidad de la educación y no solamente en construcción de aulas y dotación de alimento para los estudiantes.
Lo anterior indica que en este país, todavía falta mucho por hacer. Mucho…
