El Gobierno cubano publicó este viernes nuevas normas y suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias (CNA), una fórmula de trabajo no estatal permitida desde 2013 y equiparable a pequeñas y medianas empresas con varios socios, en un país que por ahora no reconoce a las pymes.
La Gaceta Oficial recoge la nueva normativa, que entrará en vigor en noviembre y abre una etapa “experimental” para “perfeccionar” la gestión de las cooperativas, informó Yovana Vega, miembro de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y citada por medios estatales.
En la isla funcionan hoy más de 400 CNA que agrupan a más de 17,000 socios, la mayoría en los sectores de la gastronomía (151), comercio (81), construcción (59) e industria (34).
Sin embargo, no está permitida la creación de este tipo de cooperativas en profesiones altamente cualificadas como los médicos, arquitectos o abogados.
Según recoge la web oficial Cubadebate en una amplia explicación de la nueva normativa, la funcionaria reconoció el aporte de las CNA a la eficiencia económica y la creación de empleo, pero justificó la paralización de los permisos para crear nuevas cooperativas con el argumento de que se deben eliminar “desviaciones”.
Se refería así a “indisciplinas y violaciones de la legalidad, que han desvirtuado los principios del cooperativismo”, entre las que se citan la corrupción, apropiación indebida de recursos e ingresos y “concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades, sobre todo en el sector de la construcción”.
También menciona deficiencias en los registros contables, grandes diferencias salariales entre los socios “que ejercen como directivos” respecto a “los que realizan labores directas en la actividad fundamental” y tendencia al incremento de precios.
Las nuevas regulaciones establecen que el sueldo del socio que más cobra no puede ser más de tres veces mayor del que recibe el que menos cobra, “con el objetivo de garantizar la distribución justa y equitativa de las utilidades generadas”.
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas en función del actual número de socios (a más socios, menos podrán sumarse), lo que en la práctica supondría un freno efectivo a la creación de empleo.
Aunque la normativa dice que las cooperativas podrán fijar libremente sus precios de venta en base a la oferta y la demanda, hay varios supuestos en los que se limita esa libertad, como “los precios y tarifas que se regulan centralmente, fundamentalmente en las relaciones con las entidades estatales o con destino a la población”.
Cuando una CNA preste sus servicios al Estado en áreas como la reparación y mantenimiento de vehículos, se fijan los beneficios de la cooperativa en un máximo del 30% sobre los gastos totales, y en el caso de actividades de construcción y producción de materiales, la ganancia no puede superar el 20%.
Además, se delimitan las actividades que las CNA pueden realizar en todo el territorio nacional y las que solo pueden ejercer dentro de su provincia de creación, se obliga a crear un fondo para formación y quedan definidos los requisitos para ser elegido presidente de una cooperativa y crean la figura de “socio a prueba”.
Por contra, las nuevas reglas no dan respuesta a la prolongada reivindicación de las cooperativas de que las autoridades les permitan importar directamente los materiales e insumos que necesitan para sus negocios, y que ahora deben comprar al Estado.
La funcionaria de la Comisión de Implementación precisó que “se ponen esfuerzos para establecer un mercado mayorista a pesar de las condiciones económicas financieras del país” -en referencia a la crisis de liquidez que atraviesa Cuba-.
Para el economista cubano Pedro Monreal, autor de numerosos “hilos” en Twitter con los que trata de analizar y explicar las complejidades de la economía cubana una lectura rápida de las nuevas normas “parecería sugerir que se trata de un ‘experimento’ para establecer una variante de PYMES”.
Monreal, que en la actualidad trabaja para el Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, considera que llaman la atención cuestiones como “las restricciones escalonadas para crear empleo, las limitaciones para formar precios y la prohibición de importaciones directas”.
La ampliación del trabajo privado -donde se incluyen las CNA- en 2010 fue una de las reformas clave del hoy expresidente Raúl Castro para actualizar el modelo socialista y reducir las abultadas plantillas del sector estatal.
Hace dos años también se paralizó temporalmente la entrega de varios tipos de licencias de trabajo por cuenta propia -entre ellas las más demandadas como las de restaurante privados y casas de renta turísticas- para frenar ilegalidades, “desviaciones” y “corregir deficiencias”.
Cuba registra 605,908 trabajadores que operan al margen del Estado, un sector privado que da trabajo a 1.4 millones de personas entre poseedores de licencias y sus contratados, lo que suma el 13% de la fuerza laboral del país.
