El comercio ilícito de medicamentos en República Dominicana es una práctica recurrente que atenta contra la salud de los consumidores, representando alrededor del 10% del mercado farmacéutico privado, de acuerdo a datos de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf).
Esta práctica ilegal ha encontrado respuesta por parte de los sectores público y privado. Tal es el caso de la Arapf y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa), sinergia que ha permitido robustecer la táctica para reducir el contrabando, falsificación, vencimiento, robo y re-etiquetados de los fármacos.
En 2018, según datos oficiales, se llevaron a cabo siete operativos, en los cuales se incautaron medicamentos por un valor de RD$410.8 millones. La mayor confiscación fue por suplementos alimenticios.
Mientras que, del 2003 al año pasado, se ejecutaron un total de 272 operativos, incautando fármacos por un valor estimado de RD$1,201.6 millones.
Además de la Ley No. 22-06, que criminaliza y penaliza la comercialización de medicamentos ilícitos, el Gobierno promulgó este año en la Ley No. 17-19 para la erradicación del comercio ilícito.
Esta medida fue valorada por Henry Suárez, presidente de la Arapf, al destacar la importancia de la colaboración público-privada para erradicar el comercio ilícito de medicamentos. No obstante, reconoció que pese a los logros alcanzados “no podemos bajar la guardia ante el comercio ilícito de medicamentos, razón por la que debemos fortalecer las estrategias para su combate”.
Respecto a las malas prácticas de comercio ilícito de medicamentos, la legislación de República Dominicana establece sentencias que van desde 6 meses a 10 años de prisión.
