Desde hace varios años, se viene planteando la necesidad de una reforma fiscal en República Dominicana con el propósito, según el consenso, de equilibrar las finanzas públicas y, al mismo tiempo, darle sostenibilidad a la deuda que tiene el país, tanto interna como externa.
La discusión de esta reforma fiscal fue pausada por la pandemia del Covid-19, pero ahora revive el tema, principalmente azuzado por los organismos internacionales que, también debido al coronavirus, han elevado la preocupación por la situación que se puede dar de que los países latinoamericanos se vean imposibilitados de pagar sus respectivas deudas con las entidades multilaterales.
Ciertamente, la acumulación de déficits fiscales de las naciones de la región, la mayoría de estos impulsados por políticas populistas, el despilfarro de los recursos del erario público y la corrupción administrativa, se ha convertido en un serio problema para las propias autoridades de los países y, obviamente, para sus diferentes poblaciones. Obviamente, la pandemia también ha puesto su granito de arena para hacer más difícil la diferencia entre los ingresos y los gastos en los países de la región latinoamericana.
En efecto, proyecciones realizadas indican que durante el 2020 hubo un aumento en el déficit fiscal de la casi totalidad de los países latinoamericanos, siendo Brasil el que alcanzaría la tasa más alta con un 16,3%, seguido de Bolivia con un 11,1%, Chile (9,6%), Perú (9,5%), Paraguay (6,8%), entre otros. De su lado, República Dominicana finalizó con un 7,7%.
El problema básico resulta ser el funcionamiento de la ecuación que da origen al déficit, así como los elementos que la alimentan. Por ejemplo, además de lo que se mencionó más arriba, presiones internas han llevado a muchos gobiernos a ceder frente a determinados sectores, generándose un gasto tributario que, en la mayoría de los casos, beneficia a los no pobres (BID, 2021). Así también, un sobreendeudamiento del sector público no financiero, ha originado un incremento en el porcentaje de los ingresos ordinarios que deben dedicarse al pago del capital e intereses vinculados a la deuda, lo que deja poco espacio financiero para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado con la ciudadanía. De esta manera, viene nuevo endeudamiento y continúa el perro dando vueltas para morderse la cola.
En el caso de República Dominicana, se ha dado exactamente lo mismo que ocurre en el resto de América Latina con relación a este tema. Lo primero que se debe destacar es la irresponsabilidad que han mostrado los diferentes gobiernos frente al creciente déficit fiscal, revelándose incapaces de detener un gasto público desproporcionado, una evasión fiscal permanente del impuesto sobre la renta y el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, y una elusión tributaria que está a la vista de todos.
Por otro lado, es evidente, además, la falta de voluntad política que ha caracterizado a los últimos gobernantes dominicanos, para enfrentar el tema del déficit fiscal, pues siempre se ha entendido que la problemática de los impuestos afecta a los partidos de turno, por lo que siempre se ha postergado su solución. En este punto, sin embargo, entendemos que todas las condiciones están dadas para comenzar a debatir sobre el diseño e implementación de una reforma fiscal para República Dominicana, la cual, desde nuestra óptica, debe ser transparente, integral y de largo alcance.
