La directora del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Altagracia Paulino, mostró preocupación por la alta incidencia de publicidad engañosa de parte de las empresas que venden productos y servicios al consumidor final.
La funcionaria reveló que muchas empresas contienen información imprecisa en sus anuncios promocionales, atrayendo el interés de personas de manera deshonesta.
“No hay nada que moleste más que le digan a uno que no le pueden devolver el dinero. Que le darán una nota de crédito que vence a los 30 días”, expresó Paulino al describir la forma injusta en que muchos comercios resuelven las quejas de sus clientes. Explicó que el derecho del ciudadano es tener su dinero devuelto cuando se retracta de un producto siempre y cuando este no esté dañado.
Paulino abrió con un desayuno en el cual mencionó algunos logros que la institución ha alcanzado en sus esfuerzos de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, al igual que algunos de sus obstáculos.
Comparó la situación con otros países donde al retractarse de una compra ha podido ejercer su derecho de devolución. Consideró un éxito que el consejo directivo de ProConsumidor haya regulado las notas de crédito. “Nadie debe quedarse con el dinero de nadie”, afirma.
Aclaró que según la regulación, después de los 30 días cumplidos, sí se deduce el ITBIS. Otra resolución exitosa ha sido la regularización de los concursos promocionales, en la cual hizo énfasis que la institución ha hecho esfuerzos para eliminar las ambigüedades que se presentan en ellos. La regularización se hizo con el consenso del sector empresarial.
Mencionó que los contratos de adhesión se respaldan de la ley. Dijo que son contratos unilaterales donde el proveedor plantea todas las condiciones y el consumidor tiene voz nula, por lo que es una filtración de clausuras abusivas. Entre los logros de ProConsumidor, plantearon la obligatoriedad del registro de contrato de adhesión.
Dijo que no constan de todos los recursos para darle cabida a todos los ciudadanos, y que entre sus objetivos está el de abrir más oficinas a disposición de los dominicanos, y entre sus deseos está abrir un laboratorio de consumidor.
La Ley 66-12, que crea el Sistema Dominicano para la Calidad, declara que una vez verificado que un producto no cumple con lo que se etiqueta, le cabe sanción a la empresa. Sin embargo, según la directora, no disponen del laboratorio para dichas situaciones.
Entre las vigilancias del mercado que ProConsumidor ha llevado a cabo está la detención del fraude del GLP, estudio y alerta de la calidad del salami; retiro del mercado de azúcar contaminada; restricción de venta de cemento sin cumplimiento de normas de internación; retiro del mercado de neumáticos con fechas vencidas; intervención para impedir el sobreprecio de pollo y del pan; alerta sobre medicamentos falsificados y las tarifas elevadas de la educación privada.
En cuanto al apoyo recibido, ProConsumidor mencionó a la Suprema Corte de Justicia por reconocerle a entidad la potestad sancionadora, a los medios de comunicación, pero resaltó que el apoyo más grande ha venido de la opinión pública.
