El gobierno dominicano que asumió en agosto de 2020 se ha encontrado con una realidad que no puede cambiar: la incapacidad de cancelar a todo el que quiere, aunque así deba o necesite hacerlo. Se debe, fundamentalmente, a dos variables: la pandemia, por lo que resultaría inhumano “tirar gente a la calle”, y la razón jurídica que impone la Ley de Carrera Administrativa.
Esta situación ha obligado a las instituciones públicas a acudir a lo que se conoce como “nómina de contratados”, sumándose a la vieja nómina (la encontrada de la gestión pasada) porque “no pueden” despedir masivamente a empleados que, en muchos casos, están protegidos por una ley.
Esto, por supuesto, ha aumentado en gasto en nómina. No es raro entrar al portal de transparencia de cualquier institución del Estado y encontrarse con varias nóminas. ¿Hasta cuándo será? No se sabe.
