El mercado de valores de República Dominicana ha mantenido un desarrollo sostenido desde su creación y la crisis generada por el covid-19 no detuvo su crecimiento. Por el contrario, sirvió de catalizador para dar mayor visibilidad al sector como un instrumento alterno a la economía global.
El planteamiento lo hizo Juan Ernesto Jiménez, intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), al sostener que las medidas gubernamentales para evitar la propagación del virus, desde marzo de 2020, obligó a las personas a buscar otras alternativas de inversión a través de herramientas digitales.
Para el cierre del 2020 el sector percibió un crecimiento de 7.1%. Este resultado obedeció, de acuerdo con Jiménez, a las políticas monetarias expansivas, en conjunto con la rápida adaptación del mercado de valores, la confianza de los inversionistas y la reacción favorable a los cambios graduales de las medidas sanitarias producto de la pandemia.
Durante su participación en el panel “Mercado de Valores: Crecimiento y Visibilidad en medio de la pandemia del covid-19”, en el Foro Económico elDinero 2021, el funcionario explicó que la entidad reguladora tuvo que realizar cambios estratégicos para suplir las necesidades de los inversionistas, entre los que destacó la implementación de medios digitales, el teletrabajo y planes de contingencia.
Cierre del 2021
El intendente de Valores informó que ese mercado proyecta cerrar este 2021 con un monto que asciende a US$3,254 millones en transacción, con 28 ofertas públicas aprobadas a empresas de diversos sectores.
Detalló que ese monto total previsto al 31 de diciembre engloba 15 ofertas públicas de valores de renta fija por US$898.9 millones, así como de 10 fondos de inversión de US$1,354.2 millones.
También hay dos ofertas públicas de valores de fideicomiso de US$978.7 millones y una oferta pública de valores titularizados en US$21.6 millones. Esa proyección supera las cifras alcanzadas en 2020 cuando se aprobaron nueve ofertas públicas por un total de US$1,110 millones.
En el caso de los fideicomisos de oferta pública, puntualizó que se dará un paso relevante al cierre del 2021, pues con la aprobación de un total de US$742 millones proyecta finalizar con US$1,612 millones.
Respecto a la titulación de activos, resaltó el potencial de la cartera de crédito hipotecaria. Jiménez agregó que de un monto aprobado de US$21.2 millones a inicio de diciembre 2021, prevé un cierre de año de US$42.7 millones, en la referida cartera.
Sobre los fondos de inversión inscritos en el registro del mercado de valores, sostuvo que los activos bajo administración a octubre de 2021 cerraron en US$ 2,611 millones, que representan cerca del 2.92% del producto interno bruto (PIB) del país. En tanto, el número de cuentas activas en fondos de inversión finalizó en 31,762.
Alrededor del 38% de los activos administrados se encuentran invertido en activos relacionados con el sector real y actividades productivas del país. En total existen 52 fondos de inversión inscritos.
Ley 163-21
Sobre la Ley 163-21 de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores de Oferta Pública, Jiménez indicó que esta desarrollará el mercado de emisión de acciones en bolsa en República Dominicana.
Puntualizó que la Ley es un reglamento de oferta pública que crea las condiciones para que las personas puedan acceder de forma más ágil al mercado.
Añadió que la referida ley permitirá que cualquier persona o grupo pueda convertirse en accionista de otra empresa a través de un mercado público de acciones. Empresas dominicanas deberán asumir la decisión de hacer públicas informaciones suficientes para que potenciales inversionistas decidan si participan o no participan como accionistas.
Trabas
La Ley 163-21 o Ley de Fomento del Mercado de Valores elimina la retención del 1% del precio por concepto de anticipo al impuesto sobre la renta aplicable a la potencial ganancia de capital que pudiera generar la venta de acciones, lo cual facilita su comercialización.
El comprador de una acción cotizada en el mercado de valores no asume ninguna responsabilidad solidaria de cara a los compromisos fiscales correspondientes al vendedor de la misma o a la propia sociedad emisora de la acción. Esta excepción no aplica en el caso de que el comprador de la acción participe en la administración de la sociedad o tenga el control de la misma.
Además, esta normativa aclara que, independientemente de que el precio de una acción cotizada en bolsa aumente de forma significativa en el mercado, nunca se generará ganancia de capital en cabeza de su propietario hasta el momento en que este la venda.
