La figura del fideicomiso público ha estado en la palestra debido a la debatida y controvertida propuesta de traspasar la gestión y titularidad de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) a este esquema. Sin embargo, un aspecto de este debate, que va más allá de la figura del fideicomiso público y que ha estado siendo debatido, es el de las ventajas y razones por las cuales cualquier titular de derechos utilizaría un fideicomiso para gestionar los activos y el negocio derivado de los mismos.
Como inicio, debemos recordar que un fideicomiso es una figura de derecho que implica la creación de un vehículo jurídico que será el titular (dueño) de determinados activos y derechos que les sean aportados. Crucialmente, aunque el titular se desprende de la titularidad, no pierde el derecho de percibir los beneficios, ni tampoco de establecer las pautas de su gestión.
En este mismo sentido, la fiduciaria es la gestora de los activos conforme el contrato de fideicomiso, y la misma se encuentra limitada y sujeta en su trabajo a los lineamientos establecidos en el citado contrato. Es decir, es el titular quien elige la fiduciaria, le fija las pautas de su gestión y queda sujeto a los términos del contrato; por igual, la fiduciaria no es titular de los activos, sino gestora de los mismos.
Con estos antecedentes llegamos a comprender las razones por las cuales se toma la decisión de utilizar un fideicomiso que aparta el activo de patrimonio del dueño para permitir que otros que tienen la capacidad y experiencia puedan gestionarlos. Este concepto es cónsono con la tendencia actual de buscar especialización en la gestión de determinados activos y negocios para asegurar y procurar que obtengan el mayor rendimiento posible.
Otro aspecto para utilizar la figura del fideicomiso es que permite obtener financiamientos con mayor seguridad para los acreedores y los deudores. Para los acreedores, la separación patrimonial de los activos y la gestión de éstos por la fiduciaria son garantías de que podrán ser utilizados para responder al repago de la deuda que ha sido contraída, lo que también redundará en beneficios para el deudor, pues aumentarán las opciones de financiamiento y también se abaratarán.
Además de todo lo anterior, la figura del fideicomiso permite a otras partes adherirse y aportar activos conjuntamente con otros participantes, a la vez con la seguridad de que serán gestionados de manera profesional. Por ejemplo, un titular de un terreno pudiera aportarlo a un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, y no será la constructora y promotora que tendrán el derecho de gestionarlo, sino un tercero, lo que le brinda seguridad al aportante.
A pesar de que la figura del fideicomiso ha tenido cierta controversia en los últimos días, y ciertamente hay legítimas preguntas que se han planteado sobre la figura puntual del fideicomiso público y su regulación, en sentido amplio, ofrece muchos beneficios para la gestión de activos y negocios.
El uso de los fideicomisos debe ser considerado para cualquier operación de negocios, ya sea pública o privada, en vista de las ventajas que la estructura confiere.
