La segunda rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Reunión Conjunta de las cámaras de diputados y senadores, el pasado 27 de febrero, ha sido bien recibida por la opinión pública.
No significa que todos estén satisfechos, principalmente los adversarios políticos, pero si hay algo que debe ser admitido por todos es que su gestión ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento aun en medio de una de las peores crisis internacionales de precios, generada, en su punto inicial, por la pandemia del covid-19 y, luego, por la incertidumbre que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Como ha de esperarse, un jefe de Estado no puede transmitir energías negativas. Cuando se trata de un discurso de rendición de cuentas, su elaboración debe cumplir con un rigor cronológico y, sobre todo, optimista. Las noticias negativas hay que darlas, pero en un tono y contexto adecuados.
Aun en medio de la incertidumbre que genera el entorno internacional, y con mayor peso sobre aquellos países que dependen en gran medida de las importaciones, principalmente de combustibles, el presidente Abinader pudo transmitir optimismo. Se enfocó en lo positivo y en sus planes de implementar transformaciones en el orden jurídico e institucional que contribuyan con una sociedad más transparente y equitativa.
Lo que sí parece claro es que el Presidente tiene bien definida su ruta de transformaciones y modificaciones de leyes que afectan a algunos de los sectores más importantes de la economía dominicana, incluyendo la funcionalidad de la gestión pública. Y no se trata sólo de la tan esperada Ley de Extinción de Dominio, que ha sido ralentizada en el Congreso, sino de una serie de proyectos que fueron sometidos a propósito de la necesidad de disponer de un mejor escenario para hacer que el Gobierno sea más funcional.
Entre las propuestas sometidas por el Presidente están la modificación a las leyes 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y 112-00 de Hidrocarburos, así como la relativa al fideicomiso público.
Al analizar los proyectos sometidos al Congreso se puede colegir que el jefe de Estado busca adecuar sus acciones a la legalidad con el objetivo de no incurrir en actuaciones administrativas que, aunque positivas, podrían caer en violaciones a las normas vigentes.
Lo importante, en todo caso, es apostar a que la fortaleza institucional que se ha ido logrando a través de los años siga siendo cada vez más una realidad. República Dominicana está en ruta a seguir siendo una economía fuerte, razón por la que también debe implementar las reformas que sean necesarias para estar acorde a las exigencias de los nuevos tiempos.
