La investigación y los procesos judiciales llevados a cabo en Haití sobre el asesinato, hace hoy un año, del presidente del país, Jovenel Moise, “parecen haberse estancado”, denunció este jueves Naciones Unidas (ONU).
A través de un comunicado, la misión de la ONU en Haití consideró “urgente” que se pongan a disposición de la Justicia haitiana los medios necesarios para avanzar en la investigación y que los responsables del asesinato sean llevados ante la Justicia.
Naciones Unidas recordó que el caso ha estado en manos de cinco jueces, sin apenas avances.
Asimismo, apuntó que desde que se cometió este crimen, la creciente inseguridad, ligada a la proliferación de actos de violencia cometidos por bandas armadas, ha aterrorizado a los ciudadanos haitianos y ha acaparado el debate público en un contexto donde los desafíos que enfrenta el país aumentan día a día.
El presidente Moise fue acribillado hace un año en su residencia privada de Puerto Príncipe a manos de un comando.
La complejidad del crimen, sumada a las circunstancias adversas que vive Haití, llevaron al primer ministro, Ariel Henry, a solicitar ayuda en la resolución del caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), dos meses y medio después del asesinato.
Más recientemente, fue la familia de Moise la que envió una comunicación al relator especial de la ONU para ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, en la que apuntaba, con pruebas y detalles, “la voluntad de ciertas personas, instituciones y gobiernos de impedir el buen funcionamiento de la Justicia” en esta causa.
En una entrevista con Efe con motivo del aniversario de la muerte del mandatario, el ministro de Justicia, Berto Dorcé, no cree que se pueda hablar de negligencia en el caso, aunque sí reconoce la “lentitud” en la investigación del magnicidio.
Asimismo, Dorcé afirmó que es prerrogativa de la familia pedir ayuda externa y dar su opinión, nada se lo impide, pero Haití es un Estado independiente y no es posible que terceros se inmiscuyan en su sistema judicial.
Más de 40 personas están detenidas por el magnicidio, muchos de ellos exmilitares colombianos integrantes del comando de asalto, mientras que la investigación sobre el caso está en un punto muerto un año después del crimen.
El supuesto autor intelectual del asesinato es, según las autoridades locales, Christian Emmanuel Sanon, un médico que residía en Florida, EE.UU, hasta su apresamiento cuatro días después del magnicidio.
