“Las transformaciones que estamos haciendo en el INABIE ameritan de la participación de todos los sectores”.
-Víctor Castro, director ejecutivo del Inabie.
Para proceder con las reformas y adecuaciones de la casa del Inabie había que terminar por lo menos con una gran parte de los vicios de construcción de los que adolecía. Lo primero fue pagar, y como aconsejaba el presidente Luis Abinader, “pagar bien”.
Independientemente de las no conformidades encontradas en cientos de expedientes financieros, también se contaban por cientos conduces dudosos, firmas no autorizadas, contratos y adendas sin firmar, matrícula de beneficiarios irreales y autoridades regionales y distritales del Ministerio de Educación que se creían -y algunas todavía se creen-autorizadas para decidir sobre los asuntos relativos al Programa de Alimentación Escolar. Estos problemas, cuando tenían un denominador común, fueron abordados en conjunto, y por separado, cuando se trataba de incidencias propias de la documentación de un proveedor en particular.
Por otro lado, la unidad administrativa y financiera, y en particular su Departamento de Compras, como se ha señalado, estaba cargada de falencias y debilidades. Por tanto, la demanda de robustecimiento de esta dirección figuraba como la gran prioridad del momento.
Lo primero fue la contratación de personal adicional para reforzar e inducir mayor velocidad a las actividades de análisis de miles facturas y sus expedientes.
Luego siguió la mejora del flujo de procesos con miras al aprovechamiento pleno de las oportunidades de ganancia de eficiencia y eficacia. También la organización y fortalecimiento de la unidad de recepción y análisis previo de expedientes; incorporación de la unidad de subsanación para restar carga de trabajo e interrupciones innecesarias al análisis financiero; formalización de dos turnos de trabajo, prolongándose la jornada desde las 8 am hasta las 10 pm; dotación de nuevos equipos y mobiliarios de oficina al personal del área de contabilidad; autorización de jornadas extraordinarias de trabajo para elevar la productividad en el análisis y en la fase de libramiento, e institucionalización del pago de las horas extras y alimentación como incentivo adicional para los servidores.
El visto bueno de los expedientes por la unidad de contabilidad -análisis contable conforme-, a lo que sigue la fase del registro de los libramientos en el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado, tenía lugar en paralelo con las edificantes consultas a la Contraloría General de la República, entidad que cuenta con un personal altamente experimentado y competente, decididamente comprometido con el cumplimiento del debido proceso, no importa el ámbito del quehacer institucional que se trate.
Bajo la supervisión directa del ingeniero Víctor Castro mejoró sustancialmente la ejecución presupuestaria, así como la salida de los libramientos que sustentan las transferencias a las cuentas de los proveedores, llevando un gran alivio a una parte importante de las Mipymes. Como resultado forzoso de la cesión de sus facturas a entidades de factoring, un número importante de estas empresas estaba en franca situación de quiebra o bajo la presión derivada de las moras y subsecuente acumulación de intereses.
En general, el esfuerzo se concentró en mejorar la ejecución presupuestaria. Para el último trimestre del 2021 la institución tenía un presupuesto disponible de RD$6,186,185,847.54; sin embargo, esta disponibilidad fue afectada por una disminución del balance por el Ministerio de Educación, resultando un remanente hacia finales de 2021 de RD$2,674,467,130.06. Por tanto, la restricción presupuestaria junto a la enorme deuda heredada demandó el uso racional y cuidadoso de los recursos disponibles, haciendo el mayor énfasis en el pago a los proveedores de jornada extendida.
A pesar de la gran cantidad de situaciones anómalas encontradas, la ejecución alcanzó entonces 89%, lo cual equivale a 2.4 mil millones de pesos para un balance disponible 295.1 millones. Solamente en octubre, el mes con la mayor ejecución del período, fueron pagados 1.3 mil millones o aproximadamente un 56% del total ejecutado.
