[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana es una tierra fértil para atraer inversión extranjera. El sector privado ha demostrado confianza en el potencial del mercado local, especialmente por su ubicación estratégica, la mejoría en la capacidad de consumo y porque, en materia de comercio internacional, el país ha sabido firmar excelentes acuerdos.
Sin embargo, aún prevalecen algunos temores, la mayoría anidados desde hace muchos años. La crisis de institucionalidad, secuela de una cadena de variables de orden político y económico, es quizá el referente más directo al que habrá que enfrentarse.
De nada vale un crecimiento constante del producto interno bruto (PIB), por lo cual hay que felicitar a los sectores productivos, si por otro lado no se fortalecen las instituciones que le dan sentido al Estado.
El sector privado dominicano, conformado por inversionistas extranjeros y nacionales, considera que el país aún tiene muchos retos pendientes en materia de respeto a las instituciones.
Para los empresarios, es de suma importancia honrar contratos y obligaciones; hacer cumplir leyes que protegen la inversión; organismos reguladores que defiendan los derechos adquiridos de los inversionistas; perseguir la corrupción de aquellos que exigen “peajes” para inversiones que vienen a beneficiar al país, así como la facilitación de comercio, reducir la burocracia o los largos procesos; la duplicidad de procedimientos y documentos, y fortalecer las ventanillas únicas para que todo sea más eficiente y eficaz.
Como se nota, hay muchas tareas pendientes. La disposición del sector privado ha estado siempre. Ojalá haya algún camino que conduzca de manera expedita hacia la solución. Por ejemplo, hay dos pactos pendientes que son urgentes: el Eléctrico y el Fiscal. Son dos temas a los que no se les puede dar larga.
Hay más temas que preocupan. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, siglas en inglés) quizá no sea aprobado por el Congreso de Estados Unidos este año, pero ya es una realidad que involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile. Sin duda, hay que mirarlo con cautela.
Y si hay que definir una agenda institucional para alcanzar la competitividad plena del país, independientemente del lado que se mire, habrá que tomar, en lo inmediato, acciones creíbles, certeras y duraderas para frenar la percepción casi generalizada sobre los altos niveles de corrupción en todos los niveles.
Por supuesto, para que esto suceda también es necesario deponer intereses particulares por aquellos que son colectivos, entendiendo que el bien común se traduce en bienestar individual.
Ahora que el país estrena una nueva gestión gubernamental, que incluye un Congreso con algunas caras nuevas, es un momento idóneo para implementar las medidas necesarias para garantizar la ejecución de políticas claves.
Es casi seguro que la seguridad ciudadana estará más garantizada en la medida en que los generadores de bienestar, representados en el sector privado, tengan las condiciones para poner a más personas a trabajar. ¡Ahora es!
