Desde el momento en que una persona despierta hasta que se acuesta está interactuando con servicios públicos. El agua potable que usamos proviene de sistemas de abastecimiento públicos, las calles y carreteras por las que transitamos, las escuelas y hospitales públicos que ofrecen acceso a servicios de educación y salud son fundamentales para una vida digna y segura, y están financiados por fondos públicos para garantizar el acceso universal, sin importar el nivel de ingresos de los ciudadanos. Incluso los programas sociales y subsidios, y programas especiales en tiempos de recesión económica, son financiados por el Estado a través de impuestos.
Sin embargo, el Estado no produce dinero por sí mismo y, como afirmaba el premio Nobel de Economía Milton Friedman, en economía no hay tal cosa como “un almuerzo gratis”.
El Estado depende del dinero que recauda a través de los impuestos que pagamos, ya sea de forma directa como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas y empresas, el de Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), pagos de servicios y trámites, multas, permisos, rentas percibidas, ingresos aduaneros, donaciones y otros. Además, recurre a instrumentos de deuda para invertir en proyectos de desarrollo y continuar financiando esos servicios, que si fueran provistos por un ente privado, generarían un mayor costo para el ciudadano o sencillamente no serían eficientes desde el punto de vista económico.
Una reforma fiscal implica una revisión y modificación de las políticas fiscales de un país, lo cual abarca tanto la estructura de impuestos como el gasto público. Dicho de otro modo, implica cambiar las reglas sobre cuánto se recauda y cómo se gasta ese dinero. Los ajustes tributarios abordan cambios en las recaudaciones de los impuestos: aumentar, disminuir o incluso crear nuevos impuestos, o ampliar la base impositiva para que más personas o empresas paguen los impuestos. Por otro lado, los ajustes en el gasto público pueden incluir cambios en la distribución del presupuesto y la reducción o eliminación de subsidios. Estos mecanismos permiten al Estado asegurarse de contar con recursos suficientes para financiar los servicios públicos.
Cuando se habla de la necesidad de una reforma fiscal, no solo se refiere a aumentar la recaudación, sino también a mejorar la eficiencia en la recaudación y a administrar los fondos públicos de manera eficiente y transparente.
Esto implica mejorar la recolección y el seguimiento de los impuestos, eliminar gastos innecesarios, reducir la duplicidad de funciones de las instituciones y mejorar la rendición de cuentas, entre otras medidas, para asegurar que el dinero de los impuestos se utilice efectivamente en beneficio de todos.
En República Dominicana, donde la deuda del sector público no financiero (SPNF) representa el 45.1% del producto interno bruto (PIB), según la Dirección General de Crédito Público, y con tasas de interés altas en comparación con otros países y una presión tributaria del 13.9% del PIB, por debajo del promedio de los países de América Latina que es del 21.5%, según el último informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe (OCDE, 2024), nos enfrentamos a una situación en la que, por un lado, el pago de la deuda y los intereses derivados de esta genera una menor disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo y la provisión de servicios públicos así como limitaciones para hacer frente a riesgos importantes como invertir en la resiliencia al cambio climático; y a la vez, la misma combinación de un alto nivel de endeudamiento y baja recaudación aumenta el riesgo crediticio del país, generando mayores tasas de interés y creando un círculo insostenible, lo que hace que la reforma fiscal y la necesidad de obtener mayores ingresos sean impostergables.
Sin embargo, una reforma fiscal en la República Dominicana enfrenta retos significativos: la alta informalidad, el predominio de microempresas, la dependencia del empleo en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y su vulnerabilidad ante cambios en la política impositiva. Según datos del Ministerio de Hacienda, al cierre del año 2022, la capacidad recaudatoria del sistema tributario dominicano dependía en un 88.1% de cinco impuestos: los Impuestos sobre los Ingresos (34.0%) y el ITBIS (33.5%), que en conjunto concentran el 67.5% de los ingresos y repercuten directamente en los individuos y empresas, por lo que un aumento de cualquiera de estos puede afectar el consumo y la inversión; los Impuestos sobre Hidrocarburos (8.7%), que afectan los costos de transporte y la producción; el Arancel (6.4%), que impacta los bienes importados; y los Impuestos Selectivos a las Bebidas Alcohólicas y Tabaco (5.6%), que suelen aplicarse a productos específicos y generan menos resistencia. Todos estos afectan directamente a los ciudadanos y a las empresas que son los entes imponibles.
De las Mipymes que existen en el país, que registran el 61.6% de los empleos en la República Dominicana, el 85.2% es informal. Según su tamaño, las microempresas predominan con el 94.2% del total, lo cual refleja una gran vulnerabilidad ante la parte impositiva. La alta informalidad implica que una gran parte de las empresas no están registradas oficialmente y, por lo tanto, no contribuyen al sistema fiscal.
Esto dificulta la recaudación de impuestos y reduce la base tributaria, limitando los recursos del Estado. Además, el hecho de que la mayoría sean microempresas indica que son generalmente más vulnerables y tienen menores capacidades financieras y administrativas. Cualquier reforma fiscal que se implemente debe ser cuidadosamente planificada, ya que las Mipymes son una fuente importante de empleos y no considerar estas limitaciones podría afectar negativamente la generación de empleos y la economía en general. Además, la alta dependencia de unos pocos tipos de impuestos hace que el sistema tributario sea vulnerable a cambios en el comportamiento económico.
Por lo tanto, considerar la diversificación de las fuentes de ingresos permitiría evitar riesgos asociados a esta concentración. Una reforma efectiva debe incluir medidas para incentivar la formalización de las empresas y apoyar la transición para las empresas y ciudadanos afectados por los cambios fiscales.
Otro aspecto importante por considerar son los incentivos y exenciones. En República Dominicana, los incentivos y exenciones (gasto tributario) equivalen a un tercio de todos los ingresos tributarios (5% del PIB) según el FMI, y aunque son importantes para dirigir inversiones e impulsar sectores estratégicos para el desarrollo económico, representan una pérdida significativa de ingresos potenciales para el Estado. Por lo tanto, sería importante que la reforma fiscal evalúe la efectividad y justificación de estos beneficios y promueva mejoras como la eficiencia del sector eléctrico, que ha reflejado pérdidas de entre 1% y 2% del PIB anual en la última década.
Sin duda, incrementar la recaudación del Estado es esencial para reducir la desigualdad y la pobreza, y mejorar la calidad de vida de la población. Esto permite al Gobierno mejorar el acceso y la calidad de servicios esenciales como educación, salud y transporte, fundamentales para el desarrollo del país e influir positivamente la calificación crediticia del país y el panorama de inversión. Es crucial diseñar un sistema tributario equilibrado y eficiente, que asegure ingresos suficientes sin imponer cargas fiscales excesivas, fomentando la justicia y minimizando las distorsiones económicas.
