Con la publicación del anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, presuntamente a ser aprobado por el Congreso Nacional luego del 16 de agosto, y la identificación de los elementos de dicha reforma, el tema ha ocupado la palestra de la opinión pública nacional. Nuestra Constitución ha sido objeto de decenas de reformas, y vale la pena ponderar si es una buena idea o no, hacerlo nuevamente.
Lo primero es incluir en el listado de materias que no pueden ser objeto de reforma en la Constitución, el tema de la releección presidencial, lo que deja intacto el régimen actual sin que pueda ser variado en el futuro. Esto nos parece bien, en teoría, pero no nos extrañaría ver en el futuro lejano, el argumento de que esta disposición puede ser modificada por una Asamblea Revisora, para permitir que algún presidente de turno se pueda mantener por un tercer período. Ojalá estar equivocado.
En este misma línea, los cambios a la estructura de la Procuraduría son positivos y se conforma de manera más correcta de acuerdo a las necesidades de representación del Estado ante la Justicia. Igualmente, si bien las modificaciones de los requisitos para ser procurador pueden ser consistentes con una buena administración, nos preguntamos: ¿realmente “garantiza” la “independencia” de este poder público?
Por otra parte, quizás el planteamiento más acertado de esta reforma es la propuesta de unificar nuevamente las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Celebrar elecciones con tres meses de diferencia es un sinsentido, y unificarlas hace mucho sentido. Algunas personas podrán plantear la posibilidad de separarlas -volver al esquema posterior al 1994 en la cual celebrábamos elecciones cada dos años-, pero nos parece más acertado mantener un solo ciclo electoral.
Finalmente, se plantea el tema de eliminar curules en la Cámara de Diputados, de tal modo que tengamos un hemiciclo más compacto. Si bien esta propuesta pudiera parecer acertada y correcta, y es una que apoyamos, también es importante que el gasto que nos ahorramos con este cambio no es significativo, y que posiblemente deberíamos estar ponderando cambios en el modelo de representación para que un diputado represente a una circunscripción en particular, como hacen otros países, algo que sí aumentaría la representatividad democrática.
Quizás el tema que más preocupa a algunos es el que no está en el texto de la convocatoria: la facultad de la Asamblea Revisora de avocarse a conocer cualquier tema que entienda pertinente. De ser así, dicen algunos, ¿sería el caso que se pudiera plantear nuevamente otra reelección presidencial? Aunque bien la asamblea pueda tener esta potestad, nos asombraría que esto ocurriese, y confiamos en que imperará el sentido común.
En fin, hablar de reforma constitucional en República Dominicana no es sencillo, pues parte de su valor redunda en que debe ser un documento sobre la cual se construya el estado democrático. Pero tampoco puede ser un documento estéril, que no responda a las necesidades del momento, y ciertamente esta propuesta trae interesantes planteamientos y algunos que entendemos son necesarios para nuestro país.
