[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana tiene el derecho a pedir, utilizando los canales correspondientes que ofrece la justicia, una indemnización justa a la empresa brasileña Odebrecht por los daños y perjuicios causados al país. A confesión de partes, relevo de pruebas. Los US$92 millones que pagó en sobornos para agenciarse algunos de los contratos en el país, según su revelación, es la mejor prueba.
Nadie, absolutamente nadie, se merece que este caso se eche en el zafacón del olvido. Ni los ciudadanos de a pies, ni las empresas, cuyos costos se ven afectados con un sistema impositivo insaciable, esperan que suceda como en otros casos, en los que se ha jugado al transcurrir del tiempo. La justicia tiene ahora un escenario idóneo para redimirse.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas que se inhabilite temporalmente a Odebrecht en los procesos de adjudicación de toda obra pública, lo que puede ser interpretado como una señal positiva y atinada.
Ahora bien, independientemente del aspecto judicial, el Gobierno dominicano está en la obligación de pedir cuanto antes, en lo que se averigua el caso, la devolución del dinero que se habría pagado por concepto de sobrevaluación, que serían alrededor de US$200 millones. En Panamá, Odebrecht se comprometió a pagar US$59 millones como fondo de garantía mientras se investigan sus sobornos en este país. La Fiscalía puede hacer lo mismo aquí en República Dominicana.
Esa es la misma cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos estableció que Odebrecht había destinado a sobornos en Panamá, entre otras destinadas al mismo fin en diferentes países, por lo que la constructora aceptó pagar una millonaria multa.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se aplicó en más de 100 proyectos en 12 países de América Latina y África con desembolsos de alrededor de US$788 millones en sobornos. Sólo en Estados Unidos, Brasil y Suiza la empresa llegó a acuerdos para pagar multas que suman US$2,047 millones.
En Perú sucedió igual que en Panamá. La empresa adelantó 30 millones de soles, aunque el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que lo mínimo que debería depositar la constructora brasileña es poco más de 90 millones de soles, cantidad con la que sobornaron a funcionarios de los últimos tres gobiernos.
El caso también tocó a Ecuador, donde su presidente Rafael Correa expresó su esperanza de que se conozcan pronto los nombres de los presuntos involucrados en los sobornos de la empresa brasileña que supuestamente fueron por US$33.5 millones.
Sin embargo, más que a una retribución digna y acorde con los daños causados el país, los ciudadanos esperan que no se soslaye el compromiso que han asumido las autoridades del Ministerio Público de encontrar y someter a la justicia a los responsables de esta defraudación contra el Estado.
El país ha tenido que acudir al mercado de capitales en diversas oportunidades durante los últimos cuatro años en busca de recursos frescos para cubrir el déficit con que ha venido operando el Gobierno. No se debe olvidar, bajo ninguna circunstancia, que es dinero del pueblo y que el costo de esa deuda también lo cargan los dominicanos a través del sistema impositivo, incluyendo las empresas. Parte de los bonos han sido para pagar obras construidas por Odebrecht y, por lo tanto, han sido recursos que les cuestan caros al país.
Poner ejemplo y castigar a los responsables como se debe es un imperativo. El sector privado dominicano tiene en este caso una razón para solicitar al Gobierno una actuación ejemplar si quiere más ingresos vía un pacto fiscal.
Esta es una magnífica oportunidad para marcar un antes y un después en la justicia dominicana.
