[dropcap]L[/dropcap]a importación y venta de baterías nuevas en el mercado dominicano, para vehículos e inversores, es una de las actividades económicas más importantes y de mayor auge. El crecimiento del parque vehicular y la crisis en el suministro eléctrico impulsan el negocio.
Los datos que maneja el sector establecen que desde 2014 República Dominicana importa alrededor de un millón 700,000 unidades al año, o sea, un crecimiento anual de 28.8% en comparación con 2011 cuando se importaron alrededor de un millón 320,000 unidades. Entre 15,000 y 18,000 dominicanos dependen de esta actividad.
Por primera vez en los últimos 15 años las baterías automotrices superaron las de seis voltios en 2016. Antes la proporción era 60% para inversores y 40% las demás. Ahora, sin embargo, es prácticamente lo contrario: 51% automotriz y 49% los inversores.
¿Qué pasa con las baterías viejas, entonces? Esta es la parte más complicada. El país exporta entre 85,000 y 90,000 unidades viejas todos los meses, lo que contribuye a evitar la contaminación que pudieran provocar por el manejo inadecuado de negocios informales, de esos que tiene el letrero “Se compran baterías usadas”, a veces improvisados en las aceras. Según las cifras, alrededor de 1.1 millón de baterías usadas son exportadas al año.
Durante muchos años ha habido fricción entre productores locales e importadores. Entre los puntos más sensibles está la exportación de baterías viejas, pues quienes poseen la única planta recicladora en el país han pretendido que se prohíba su exportación, pues así el negocio les resulta más rentable.
En el mercado dominicano se ha dado de todo, incluyendo la venta de baterías falsas o viejas que son vendidas como nuevas. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) ha intervenido y ha habido un compromiso de parte de los principales actores.
En agosto de 2015, ProConsumidor reunió a Ezequiel Molina Lizardo, del Grupo Cometa; Hernán Gómez Arsenio, de Exinca; Víctor Rosario Rodríguez y Eduardo García, de Trojan; Aníbal de la Rosa Oller, de Trace Inversores y Trace Solar, así como otros ejecutivos. El compromiso fue unánime: dar todas las garantías de calidad de las marcas que distribuyan.
En el encuentro ProConsumidor planteó además la oportunidad que tiene ese sector de ofrecer las garantías y calidad de los acumuladores de energía que ellos distribuyen. Pidió que cuando un consumidor compre la batería esté respaldada por la certificación de garantías de las casas distribuidoras.
“El producto nuevo debe contar con la garantía del fabricante tal como lo establece el artículo 68 de la Ley 358-05 y en caso de productos usados al artículo 65 que establece la obligación del que oferta un producto reconstruido a ofrecerle toda la información para que el usuario tenga la oportunidad de hacer una elección acertada”, destaca la entidad defensora de los consumidoras en una comunicado a propósito de la situación.
Molina Lizardo, del Grupo Cometa, fue consultado por elDinero sobre el tema. La empresa que representa se ha caracterizado por respetar las normas locales e internacionales en el manejo de las baterías usadas para la exportación. Defiende el derecho que tienen los dominicanos a un mercado de libre competencia, respetuoso de las normas de Basilea y, sobre todo, de la Constitución.
Cuando se inició el conflicto hace unos años, Molina Lizardo explicó que se dirigió, en aquel entonces, al diputado Alberto Atallah, para que interviniera y evitara que se afectaran los intereses de República Dominicana. El legislador le prometió que ese proyecto no pasaría, pero en la práctica sucedió todo lo contrario, pues fue aprobada la legislación que prohíbe la exportación de chatarras. Por suerte, dice, lograron que se echara para atrás y que no se afectara los intereses del país. Cuando se hizo el cálculo, dijo, la suma anual llegaba a US$25 millones.
“Si usted compra baterías nuevas en Estados Unidos o en cualquier otro país ellos quieren que usted les devuelve la batería vieja, porque se trata de plomo y es materia prima. Si hay una sola recicladora, como es el caso de República Dominicana, que por cierto es de muy baja categoría y poca tecnología, se crearía una situación monopólica, de más impuestos y mayores costos para los consumidores”, sostiene el ejecutivo de Grupo Cometa, que tiene alrededor del 40% del mercado.
Por suerte, afirmó, todas las instituciones consultadas por el Senado dijeron que no, que no se puede prohibir la exportación de baterías usadas. El empresario consideró que lo más importante, en el caso de quienes reciclen, es que protejan el medio ambiente.
Explicó que para instalar una recicladora “con todas las de la ley” es necesario invertir US$5,000,000, al tiempo de refutar a los propietarios de la única planta que existe que estiman costó US$11,000,000, a pesar de que, según él, no hay forma de que sea verdad.
Explicó que el Tratado de Basilea no prohíbe la exportación, sino que pide que se haga bajo los esquemas y estándares internacionales de cuidado al medio ambiente. “No me pueden decir a mí que reciclar aquí es mejor que exportar las baterías tal cual vienen. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Lo que pasa es que el negocio de la recicladora no es rentable si no se prohíbe la exportación”, sostuvo.
Molina Lizardo indicó que para exportarla, cumpliendo con los estándares internacionales, se plastifican, se dejan selladas, señalizadas y se paletizan doble forros, así como con las advertencias de lugar.
“Este es un mercado abierto y nunca hemos intentado que los demás no pudiesen exportar. Antes exportábamos 100 contenedores al mes, pero ahora sólo son seis porque ahora el negocio está más diversificado y otros también hacen lo mismo. Ahora hay 28 exportadores de baterías autorizados que manejan muy bien los productos”, explicó.
Para el ejecutivo de Grupo Cometa, de lo que se trata es de lograr que República Dominicana no permita la instalación de ningún monopolio, como el que se pretende con el reciclaje de baterías.
Advirtió a ProConsumidor para que vigile los anuncios clasificados de personas que sólo un teléfono dicen comprar baterías usadas, lo que considera una prueba del desorden y falta de control que hay en el mercado, a pesar de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. Dice que esos avisos también ofertan baterías, en muchos casos Trojan o de otra marca, que ofrecen el servicio a domicilio.
El 16 de este Verde Eco Reciclaje Industrial (VERI) publicó un espacio pagado en la prensa dirigido a los consumidores y a las empresas fabricantes e importadoras de baterías. En el aviso, condena la práctica de revender baterías que han sido descartadas.
“Condenamos esta práctica comercial y llamamos la atención sobre los riesgos de contaminación al medio ambiente por el manejo irresponsable de las baterías ácido plomo usadas (BAPU), que son desecho tóxico. No se debe comercializar un desecho tóxico sin regulación ni controles, y sin cumplir con procesos de manejo, almacenaje, transportación y neutralización que protejan a la población…”, dice el comunicado.
Libre competencia
Ezequiel Molina Lizardo, del Grupo Cometa, consideró que los consumidores dominicanos se merecen una competencia leal, lo cual está garantizado a través de 72 empresas importadoras que cumplen con las normas internas e internacionales. Rechazó hacer acuerdos con productores locales que pudieran perjudicar a los consumidores, así como la implementación de un impuesto que lo cobraría la única recicladora por el hecho de manejar las baterías usadas y procesarlas.
Lo que quiere decir, apuntó, que un importador de baterías que traiga 100,000 unidades le costaría de US$200,000 a US$300,000 por año, dinero que iría sólo a la única recicladora que hay en el país.Aseguró que la honestidad es una práctica asumida como filosofía en la empresa y que por tal razón el Grupo Cometa nunca se va a prestar para cosas que generen un problema de precios y que perjudique al consumidor. Entiende que ProConsumidor debe jugar un papel más activo.
Las secuelas de una mala práctica
Ezequiel Molina Lizardo recordó que la comunidad Paraíso de Dios, en Haina, resultó ser una de las más contaminadas del mundo, lo cual se atribuye, básicamente, al manejo irresponsable de los desechos de las baterías usadas.
Dijo que aún la sociedad desconoce si se identificaron los responsables de ese problema ambiental que tiene el país en esa zona, y que afecta a personas humildes.
“Se supone que el permiso que recibieron quienes se instalaron ahí fue para procesar la escoria que generaron y enterraron durante tanto tiempo. Sin embargo, no se podía procesar porque era lo suficientemente alta como para matar gente y suficientemente baja para procesarla”, destacó.
Resaltó la labor que realizan los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. “Yo tengo que hacer un informe de cumplimiento ambiental (ICA) cada seis meses y tener un permiso especial para exportar. Tengo contracto con dos empresas que me venden baterías para que yo les suministre las viejas. Debo tener seguro ambiental y una supervisión de las autoridades”, dijo.
