El miércoles 21 de octubre, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) reunió a autoridades, puestos de bolsa, académicos y comunicadores en el seminario “Protección al Inversionista”. Esa mañana también lanzó el “Compromiso por una Publicidad Responsable”, una iniciativa para que el sector comunique mejor lo que vende.
En la apertura, el superintendente Ernesto Bournigal calificó de avance trascendental el Reglamento de Protección al Inversionista (R-CNMV-2026-09-MV), aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional del Mercado de Valores el 23 de junio y publicado en el portal de la SIMV en agosto. En el programa que describe la nota de prensa de la propia SIMV no figura un espacio dedicado a explicar qué cambia esa norma para quien invierte en ese mercado.
A mi juicio, el reglamento es una de las normas más útiles aprobadas para nuestro mercado de valores en años. Entra en vigencia el 1 de enero de 2027, y conviene que los inversionistas la conozcan antes.
Más inversionistas
Las cuentas del mercado de valores crecieron 11.4% el pasado año 2025 hasta principios de diciembre, de 158,645 a 176,733, según la SIMV, y llegó a 187,883 en mayo de este año, según elDinero.
Estimo que buena parte de esos nuevos inversionistas busca superar el rendimiento que ofrece un certificado bancario. Con la tasa de política monetaria en 5.50%, la competencia por el ahorro en pesos sigue activa, y la oferta al público ya incluye fondos abiertos, reportos y bonos cuyo rendimiento depende de un fondo cotizado en el exterior.
El reglamento llega tras un proceso ordenado. Estuvo en consulta pública entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, recibió observaciones de las asociaciones de puestos de bolsa y de administradoras de fondos, entre otros, y sigue los principios de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), que agrupa a los reguladores. La SIMV mantiene además la plataforma educativa ProInversionista.
La letra pequeña
Los economistas llaman asimetría de información a la situación en la que una parte sabe mucho más que la otra. En el mercado de valores, el intermediario conoce el producto bastante mejor que el cliente. Las normas de protección solo funcionan si el cliente sabe qué puede exigir con ellas.
Los productos estructurados muestran el problema. A mi juicio, la promoción de los bonos atados a fondos cotizados en el exterior puede poner por delante el potencial de ganancia, mientras las condiciones que determinan cuánto se cobra al final quedan en un prospecto de decenas de páginas.
El reglamento ataca esa práctica. Desde enero, las advertencias sobre riesgos y condiciones deberán tener un tamaño de letra al menos igual al predominante en el anuncio, nunca en notas al pie, una regla parecida a la que aplica Europa a la publicidad de fondos.
La publicidad deberá indicar dónde están los documentos de la emisión. Será engañosa cualquier pieza que sugiera que una inversión es segura o que garantice rendimientos, y las personas contratadas para promover valores, como los influenciadores, deberán revelar quién los contrata y si tienen inversiones en lo que promueven. La SIMV podrá ordenar el returo o la corrección de lo que incumpla.
Ese capítulo obliga a todo el mercado, incluidos los terceros que promueven valores. El 21 de octubre, sin embargo, el protagonismo lo tuvo el lanzamiento del compromiso de publicidad responsable, mientras el reglamento que vuelve obligatorias esas reglas recibió una mención en el discurso de apertura.
El inversionista puede exigir
El inversionista puede exigir información completa sobre costos, comisiones y riesgos según su perfil, y que las propuestas que reciba se ajusten a ese perfil; inducirlo a una inversión inadecuada se considera una práctica abusiva. El intermediario debe tener disponible un documento resumen de dos a cinco páginas, en lenguaje sencillo, con las condiciones principales del contrato.
Si algo sale mal, reclamar es gratis. El cliente tiene hasta dos años para reclamar ante la entidad con la que contrató, sea su puesto de bolsa o su administradora de fondos, la cual debe acusar recibo en un día hábil y responder por escrito en 20 días hábiles, ampliables a 30 en casos complejos.
Si la decisión favorece al inversionista, la entidad tiene tres días hábiles para cumplirla. Si no queda satisfecho o no le responden en plazo, puede acudir a la SIMV en los 60 días hábiles siguientes. La decisión de la SIMV, que debe llegar en hasta 40 días hábiles prorrogables, obliga a las partes, aunque puede recurrirse.
Una norma conocida también conviene al intermediario que informa bien, porque lo distingue del que vende con promesas, y al regulador, que recibe reclamaciones a tiempo.
La SIMV podría responder que la norma no rige hasta enero y que un seminario general no es lugar para repasarla artículo por artículo. Pero los intermediarios y las administradoras debían enviarle su cronograma de adecuación a los 30 días hábiles de publicada, de modo que la industria ya debía estar preparándose.
En los canales públicos que revisé, los inversionistas no han recibido una explicación equivalente. Eso puede cambiar el martes desde el 27 de octubre, cuando el Departamento de Protección y Educación al Inversionista de la SIMV impartió, con la iniciativa educativa UnMercado, el webinar gratuito “Antes de invertir, conoce tus derechos”. Mi expectativa es que se haya dedicado buena parte de esa hora al reglamento.
Lo que viene
El reglamento encarga a la SIMV coordinar programas de educación, y los dos meses que faltan alcanzan para publicar una guía de una página con los derechos y los plazos de reclamación, incorporarla a ProInversionista y pedir a los intermediarios que la entreguen junto al documento resumen. Si no, muchos inversionistas conocerán sus derechos cuando un producto les salga mal.
El Consejo aprobó una buena norma y la SIMV la publicó, que era la parte difícil. El seminario del 21 de octubre habló de protección en general; si el webinar del martes explicó el reglamento, habrá sido un buen comienzo. Estimo, sin embargo, que una hora por Zoom llega sobre todo a quien ya sigue el mercado, y el ahorrista que más necesita conocer sus derechos suele informarse por su corredor o por un anuncio. A ese lector conviene llevarle la guía antes de enero.
