Que sí. Que aquí, en República Dominicana, 20 años es nada. Es nada al menos para el sistema de Justicia que avanza sobre una hicotea cuando se trata de recuperar bienes públicos que, por ser propiedad de todos los ciudadanos, parecería que pertenecen a nadie.
Ahora, en abril de 2018, es cuando el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Barahona anuló los títulos fraudulentos que estaban en manos privadas de los codiciados terrenos de Bahía de Las Águilas, una zona de alto valor ecológico y turístico para el país.
El juez Juan Domingo Méndez Quezada reconoció los derechos de propiedad del Estado dominicano sobre la parcela 40 del Distrito Catastral Número 3, del municipio Enriquillo y, por consiguiente, anuló más de 200 deslindes realizados de manera irregular por particulares durante todos los años de conflicto. La Procuraduría General destaca que con la decisión los dominicanos recuperan 4,530 tareas.
La abogada Laura Acosta, hija de Carmen (Piky) Lora —la mujer que luchó sin descanso por deshacer el fraude cuando se empezó a conocer en los tribunales hace más de 20 años—, adelanta que solo falta que la Suprema Corte de Justicia termine de conocer los expedientes respecto a las parcelas 215-B y la 215-A.
Ojalá jueces y fiscales bajen un momento de la hicotea y terminen de conocer el fraude de Bahía de Las Águilas.
